Gestor de Notas de Prensa

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, anuncia que realizará de oficio el seguimiento a las investigaciones judiciales sobre la tentativa de feminicidio que sufrió la ciudadana Catalina Mercado Parada, activista por los derechos de las personas Trans, y que exigirá a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz que realice acciones a la brevedad posible para garantizar el derecho a la justicia y la reparación de esta persona.

La Defensoría del Pueblo demandó a las instancias e instituciones competentes a garantizar la protección para la asambleísta departamental de Potosí, Miriam Vargas, en cumplimiento de lo que dispone la Ley 243 contra la Violencia y Acoso Político, frente a las presiones y desconocimiento de los derechos políticos de esta legisladora quien fue obligada a presentar su renuncia al cargo.

La Defensoría del Pueblo coordina acciones con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI),  Pastoral Social Caritas Bolivia, la Plataforma Boliviana de Envejecimiento y la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia (ANAMBO), para promover e implementar el trato preferente a las personas adultas mayores en las entidades de intermediación financiera.

La Defensoría del Pueblo observa que el Decreto Supremo 4232, de 7 de mayo de este año, está en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) y atenta contra el derecho a la seguridad alimentaria de los bolivianos.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, advirtió que la Presidenta del Estado, Jeanine Áñez, y los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; de Salud, Marcelo Navarro; y de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias, incurren en los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia a acciones de defensa y de inconstitucionalidad, debido a que hasta el momento incumplieron lo dispuesto en la Resolución 012/2020, de 9 de abril de 2020, de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que instruyó al Órgano Ejecutivo garantizar el traslado de las personas varadas en otra región del país hacia su lugar de origen.

La Defensoría del Pueblo investiga denuncias sobre el supuesto despido de personal en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), durante el tiempo de la actual declaratoria de cuarentena y emergencia sanitaria nacional por el COVID-19; situación que, de ser evidente, estaría vulnerando derechos humanos y afectando a familia en un periodo de crisis.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, solicitó, mediante una misiva dirigida al Ministro de Obras Públicas, Iván Arias, vuelos solidarios para las personas que quedaron varadas como efecto de la aplicación del Decreto Supremo 4196 del 17 de marzo pasado, que declara emergencia sanitaria nacional y cuarentena en el territorio boliviano.

La Defensoría del Pueblo exhorta al Gobierno Nacional a adoptar medidas específicas de protección y prevención en favor de los grupos vulnerables de la sociedad, como personas en situación de calle, adultos mayores y niños y adolescentes concentrados en centros de acogida, pacientes con cáncer y enfermedades crónicas  y personas privadas de libertad, debido a que precisan una especial y urgente atención ante la emergencia derivada por la propagación del coronavirus COVID-19.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió al Ministerio de Gobierno y a la Policía Boliviana a desmovilizar a grupos civiles que incurren en actos violentos y discriminatorios, y que amedrentan e intimidan a la población afectando y atentando la integridad personal de las y los ciudadanos, lo cual podría constituirse en la comisión de delitos, por lo que espera que el Ministerio Público actúe de oficio para iniciar una investigación.