Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación porque, no obstante de haberse declarado, el 21 de mayo pasado, desastre sanitario en el departamento del Beni por la alarmante propagación del coronavirus, las autoridades nacionales, departamentales y municipales aún no activaron medidas efectivas para contrarrestar el crecimiento acelerado de casos positivos que al 28 de mayo alcanzan a 1.506 y 84 fallecimientos.

La Defensoría del Pueblo denunció una serie de atropellos protagonizados por guardias municipales de la Alcaldía de San Javier, en Santa Cruz, en contra de indígenas de la Central Indígena Paikoneka, cuando intentaron tomar la sede de esa organización con el argumento de convertirlo en un centro de atención para pacientes con COVID-19.

La Defensoría del Pueblo condena y rechaza las actitudes violentas de pobladores de Mairana que este vienes agredieron a periodistas que realizaban la cobertura de la protesta que protagonizan en ese sector.

La Defensoría del Pueblo demandó al Gobernador del Beni, Fanor Amapo, declarar, de forma urgente e inmediata, “desastre o emergencia” en ese departamento y en consecuencia, solicite de forma diligente la asistencia del Gobierno central para la atención de las necesidades emergentes por la propagación del COVID-19 en esa región.

Con la mediación de la Defensoría del Pueblo, los vecinos autoconvocados de los distritos 5, 6, 7, 8, 9, 14 y 15 de la ciudad de Cochabamba, la noche de ayer, firmaron un acuerdo con las autoridades de la Gobernación del Departamento y el Gobierno Municipal de Cochabamba para levantar el bloqueo de calles. La Defensoría del Pueblo ya cumple con sus compromisos plasmados en el documento pactado.

La Defensoría del Pueblo destacó el inicio del diálogo para buscar resolver el conflicto en el sector de K’ara K’ara, en Cochabamba; sin embargo, cuestionó la ausencia del Gobierno que muestra la falta de voluntad del para coadyuvar en la resolución de las demandas de los pobladores del lugar.

La Defensoría del Pueblo rechazó y expresó su preocupación por los anuncios públicos de grupos particulares o civiles como los de la denominada agrupación Resistencia Juvenil Cochala, que bajo el argumento de “proteger” a la ciudad de Cochabamba, intentan ejercer acciones de seguridad, control o negociación que son exclusivas del Estado.

La Defensoría del Pueblo exhortó a la población de Caranavi a deponer actitudes que atenten contra la integridad del personal de salud desplegado en esa población y demandó al Estado, a través del Ministerio de Salud, a otorgar garantías a esos trabajadores que fueron atacados y amenazados por pobladores de ese municipio, cuando guardaban una cuarentena preventiva por contacto con pacientes positivos de COVID-19.

La Defensoría del Pueblo solicitó a los ministerios de Justicia y Transparencia Institucional y de Salud, a la Contraloría General del Estado y a la Asamblea Legislativa Plurinacional  informar, supervisar e investigar la compra de 170 unidades de respiración artificial destinadas al tratamiento de los enfermos con el COVID-19.

La Defensoría del Pueblo ve con preocupación las últimas manifestaciones de descontento social que se registran en diferentes regiones del país y que tiene como actores a pobladores del sector de K’ara K’ara en Cochabamba, en el municipio de Yapacaní, comunarios de Macha en el Norte de Potosí y vecinos de algunas zonas de la ciudad de El Alto, que demandan medidas adecuadas para retornar a sus actividades laborales y económicas para enfrentar la afectación económica que les habría provocado la cuarentena total.