Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo rechaza enfáticamente los hechos violentos suscitados, la noche del jueves, en los municipios de El Alto, Ivirgarzama y Yapacaní, donde  grupos de personas salieron en protesta por la ampliación de la cuarentena y exigiendo la realización de las elecciones generales, rompiendo una medida preventiva dispuesta a nivel nacional para evitar el incremento de los riesgos para la salud pública debido a la pandemia del COVID-19.

La Defensoría del Pueblo inició una investigación para establecer las condiciones de bioseguridad con las que cuenta y se desplazan la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, debido a que se conoció públicamente que integrantes de ambas instituciones dieron positivo al coronavirus COVID 19 y que otra cantidad permanece aísla bajo sospecha de contagio.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, ante la determinación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de cerrar las agencias bancarias en varias regiones del Chapare, afirmó que esta medida afectará en el pago del Bono Familia y Canasta Familiar, otorgados por el Estado por la situación de emergencia sanitaria y cuarentena que vive el país, por lo que pidió garantizar de forma igualitaria la cancelación de éstos bonos a los beneficiarios que habitan estas localidades.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, rechazó la expulsión de un grupo de policías incitada, anoche, por un grupo de pobladores del municipio de Shinahota en el Chapare cochabambino y convocó a los actores del conflicto a coordinar y dialogar para garantizar las acciones de prevención en contra de la propagación del coronavirus COVID-19.

La Defensoría del Pueblo, habiendo tomado conocimiento de la difusión, en distintos medios, de información que afirman que “la hija de una funcionaria pública de la Defensoría del Pueblo estaría involucrada en el señalado ilícito”, recuerda que la responsabilidad penal es INTUITU PERSONAE.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Supremo de Justicia modificar la circular 06/2020 que autoriza a los jueces atender de forma excepcional las solicitudes “a la efectividad del proceso y el derecho a la libertad de las personas”, mediante herramientas telemáticas o en audiencias normales allí donde no exista acceso a internet, debido a que esta disposición acrecienta la indefensión de la población en situación de vulnerabilidad, como las víctimas de los delitos de feminicidio, infanticidio y violación a niños, niñas y adolescentes.

Las personas que se encuentran varadas en distintos puntos del país como efecto de la declaratoria de la cuarentena ante la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 podrán retornar a sus hogares, por razones de urgencia y pertinencia, según dispuso un fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en respuesta a una acción de libertad presentada por la Defensoría del Pueblo.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, solicitó, a través de dos notas remitidas al Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y al Comandante General de la Policía, Gral. Rodolfo Montero, información sobre la reglamentación que regula la forma en que los efectivos policiales realizan el control del abastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad establecidos en el Decreto Supremo 4200, especialmente a pequeños productores y comercializadores.

La Defensoría del Pueblo expresa especial preocupación por el accionar del Ministerio Público y del Órgano Judicial del país, debido a que no está actuando conforme a la Constitución Política del Estado, que establece que los casos de niñas, niños y adolescentes deben merecer su atención prioritaria a fin de garantizar el interés superior de esos grupos sociales.