Gestor de Notas de Prensa

Cochabamba, 4 de junio de 2022.- La Defensoría del Pueblo solicitó a la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social (ASSUS) y a las autoridades de la Caja de Salud Cordes que investiguen y determinen responsabilidades en el personal de salud que atendió a Alex Olivera de 22 años de edad, quien falleció el 18 de mayo, aparentemente, por ausencia de una atención médica oportuna y con calidad y calidez en la Caja de Salud Cordes de Cochabamba.

La Defensoría del Pueblo condena los hechos de violencia registrados el 31 de mayo en el territorio de la comunidad Unión Pauje del municipio de Apolo de la provincia paceña Franz Tamayo, derivados de la problemática por el control y aprovechamiento de recursos mineros en la zona, dejando cinco personas heridas de bala, quienes fueron trasladas a la ciudad de La Paz para su atención medica; existirían, además, otras dos personas retenidas, de acuerdo a información recogida de autoridades departamentales y municipales, además de medios de comunicación. 

Cochabamba, 27 de mayo de 2022.- La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, dijo que en el país no existen garantías estatales para el ejercicio de la identidad de género, porque las entidades públicas y privadas no han adecuado sus procedimientos internos para cumplir con la Ley N. 807 de Identidad de Género y porque, además, no existen políticas efectivas de lucha contra la discriminación.

La Defensoría del Pueblo condena las expresiones violentas y discriminadoras vertidas por la docente Rosario Chávez de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en contra de una estudiante de la carrera de Ciencias Políticas, y exige a las autoridades universitarias que procesen y sancionen esta conducta por las vías administrativa y penal.

La Defensoría del Pueblo advierte la persistencia de hechos de exclusión y afectación social contra las mujeres, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, indígena originario campesinos, migrantes, población LGBTIQ+, personas privadas de libertad, afrodescendientes, personas que viven con VIH, personas con dependencia química, y personas en situación de calle o indigencia.

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la decisión del Rector de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz de establecer como causal de proceso universitario “la difamación y calumnia realizada por cualquier medio ya sea escrito o digital en abuso de las tecnologías de información y comunicación a través de plataformas digitales, redes sociales o sistemas informático, disponiendo la contratación de un “perito informático” cuya función específica será “identificar a los posibles agresores a fin de iniciar las acciones disciplinaras o jurisdiccionales correspondientes”.

La Defensoría del Pueblo, a través de la investigación “Límites en la implementación del Sistema Único de Salud”, constató que a más de tres años de su puesta en marcha existen deficiencias que limitan que la población acceda plenamente a las prestaciones de salud que otorgan los hospitales públicos de tercer nivel.

La Defensoría del Pueblo cuestiona la inacción de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de Monteagudo, y el trabajo ineficiente del Juzgado Público, Civil, Comercial y Sentencia Penal N.° 2 de Monteagudo en el caso de una ex funcionaria de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Monteagudo, acusada de incumplimiento de deberes, que derivó en la anulación de la condena judicial en su contra. 

La Defensoría del Pueblo identificó que en el país no existen las condiciones materiales, técnicas ni económicas para proteger la salud humana y el medio ambiente sano de las emisiones antropogénicas de mercurio producidas, principalmente, por la actividad minera aurífera, cuya importación ha crecido de manera sostenida y exponencial, a pesar de ser un metal altamente tóxico, señaló la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

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La Defensoría del Pueblo detectó que el Estado incumplió su deber de garantizar el derecho a la salud de las trabajadoras sexuales, con relación a la detección y prevención de las ITS y VIH, durante la pandemia de la COVID-19, además que incurrió en una deficiente implementación del registro, entrega y control de las Libretas de Salud, que no adoptó protocolos de bioseguridad y que, incluso, permitió la violencia institucional, por parte de policías y guardias municipales, en contra de este grupo poblacional vulnerable, informó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

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