Defensor del Pueblo alerta sobre la necesidad de fortalecer mecanismos preventivos ante la conflictividad en Bolivia
13 de Julio de 2026 01:09 pm
La Paz, 13 de julio de 2026 (UCOM-DPB).– El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a las autoridades de los gobiernos nacional, departamentales y municipales a fortalecer los mecanismos preventivos de gestión de conflictos, durante la presentación del Segundo Reporte Trimestral sobre la Conflictividad en Bolivia 2026.
"La experiencia demuestra la importancia de consolidar sistemas de alerta temprana, prevención y gestión pacífica de conflictos para evitar el escalamiento de la violencia y proteger los derechos humanos", enfatizó la autoridad.
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Entre las principales conclusiones del informe destaca la necesidad de fortalecer mecanismos permanentes de diálogo entre el Estado y las organizaciones sociales. Asimismo, se evidenció el impacto de los conflictos en terceros ajenos a las medidas de presión, quienes se vieron afectados en el acceso a la alimentación, la salud, los combustibles, los medicamentos y otros servicios esenciales. El reporte también identifica las dificultades para alcanzar acuerdos debido a la persistencia de demandas no resueltas, situación que contribuye al incremento de la tensión social y política.
Callisaya recordó que la Defensoría del Pueblo tiene el mandato de "velar por que los derechos de las y los bolivianos puedan realizarse"; sin embargo, precisó que la garantía y materialización de esos derechos corresponde a las diferentes instancias del Estado.
"Nosotros, desde la vía preventiva, analizamos y alertamos sobre la existencia de estas disconformidades, de los anuncios de movilizaciones de los diferentes sectores, como los transportistas que acabamos de mencionar, y exhortamos al Estado a cumplir con sus funciones para atender y resolver oportunamente este tipo de alertas", afirmó.
De acuerdo con el Segundo Reporte Trimestral sobre la Conflictividad en Bolivia 2026, se registraron 246 hechos de conflictividad. De ese total, 91 correspondieron al departamento de La Paz, 32 a Cochabamba y 23 a Santa Cruz. La medida de presión más utilizada por los actores demandantes fue el bloqueo.
Asimismo, de los 212 conflictos activos, predominan aquellos relacionados con Política y Gobernanza, con 141 casos. Entre los derechos más afectados se encuentran el derecho a la libre circulación (14 casos), los derechos económicos y sociales (20) y el derecho al trabajo y al empleo (15), entre otros.
"Es importante también exhortar a todos los sectores a ser respetuosos del estado de excepción que estamos viviendo en este momento. Sin embargo, esta situación no exime a las autoridades de la responsabilidad de atender y solucionar las diferentes demandas que se están planteando", concluyó el Defensor del Pueblo.
