DEFENSORÍA DEL PUEBLO ALERTA SOBRE LA DESPROTECCIÓN ESTATAL DE LA NIÑEZ EN SITUACIÓN DE CALLE Y EXIGE LEY NACIONAL

La Paz, 25 de agosto de 2026 (UCOM/DPB).- La Defensoría del Pueblo, con el apoyo de la Fundación Alalay, presentó el Informe Defensorial “Derechos a la intemperie: Cumplimiento estatal de la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de calle en Bolivia”, que evidencia brechas en la respuesta estatal y plantea la necesidad de adoptar medidas estructurales para garantizar los derechos de esta población.

“Este es el inicio de un momento que nos permite renovar nuestros votos por la defensa de las niñas, niños y adolescentes, particularmente de quienes se encuentran en situación de calle, no solamente es un informe de relevamiento de información. A partir de la presentación de este informe debemos comprometernos a generar procesos de socialización y de coordinación para la incidencia en las diferentes instancias del Estado, y así, generar cambios en esta lacerante realidad”, dijo el Defensor del Pueblo, a tiempo de la presentación.

 

El informe advierte que el último registro oficial tiene 12 años sin actualizarse y establece que el 31,6 % de la población en situación de calle corresponde a niñas, niños y adolescentes (NNASC), con el 89 % concentrado en El Alto, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Además, el 28,7 % de las adolescentes de 10 a 19 años manifestó haber tenido al menos un embarazo.

 

“No podemos aceptar que niñas, niños y adolescentes permanezcan invisibles para el Estado. La situación de calle no puede determinar un acceso desigual a la salud, educación, identidad y protección; el Estado debe garantizar sus derechos de manera integral y permanente”, afirmó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

El análisis evidencia limitaciones presupuestarias y de atención. Solo 2 de las 9 gobernaciones cuentan con programas específicos para NNASC y, en Santa Cruz, el presupuesto destinado a estas acciones se redujo en 82,8 % entre 2024 y 2025. A nivel municipal, La Paz, El Alto y Santa Cruz de la Sierra no cuentan con programas específicos para esta población.

 

En materia de identidad, el informe destaca el trabajo desarrollado con el SERECI y la Fundación Alalay, que permitió la cedulación de 454 niñas, niños y adolescentes en situación de calle entre 2021 y 2023. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo advierte que este derecho debe garantizarse mediante rutas públicas permanentes y accesibles.

 

“La restitución de derechos no puede depender de esfuerzos aislados o temporales. Necesitamos mecanismos permanentes que permitan que cada niña, niño y adolescente en situación de calle acceda a identidad, salud, educación y protección”, señaló Claudia Gonzáles, Directora Ejecutiva de la Fundación Alalay.

 

El informe identifica además barreras para el acceso al Sistema Único de Salud (SUS) y ausencia de registros diferenciados en los sistemas de información de protección, salud y educación, lo que dificulta dimensionar la problemática y realizar un seguimiento efectivo.

 

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo estableció recomendaciones para diferentes instituciones del Estado para la elaboración de un Plan Nacional para NNASC, programas integrales con presupuesto suficiente y rutas permanentes para garantizar el derecho a la identidad. Asimismo, exhorta al SEGIP y SERECI a fortalecer el acceso a documentación y solicita a la Asamblea Legislativa Plurinacional priorizar la aprobación del Proyecto de Ley de Prevención y Atención Intersectorial de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle y en Riesgo de Situación de Calle.

 

La Defensoría del Pueblo sostiene que la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de calle es una responsabilidad indelegable del Estado y requiere políticas públicas integrales, coordinación interinstitucional y mecanismos sostenibles de prevención, atención y restitución de derechos.