Reporte defensorial alerta afectaciones a la salud, el libre tránsito y el abastecimiento por la conflictividad social
16 de Junio de 2026 08:55 pm
La Paz, 16 de junio de 2026 (UCOM-DPB).- La Defensoría del Pueblo identificó al menos 15 problemáticas que afectan los derechos de terceras personas en el actual contexto de conflictividad social en el país, según el Tercer Reporte Preliminar sobre la Situación de Terceros Afectados por la Conflictividad Social en Bolivia, correspondiente al periodo del 1 de mayo al 15 de junio.
El documento, presentado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, analiza vulneraciones de derechos en seis ámbitos: gestión de conflictos; infraestructura y carreteras; acceso a servicios de salud y medicamentos; crisis humanitaria; abastecimiento de productos e insumos esenciales; acceso a servicios de educación y justicia; y afectaciones a la labor periodística.
El reporte advierte, además, una limitada capacidad de respuesta estatal e institucional en los niveles nacional y subnacional, evidenciada en operativos policiales y militares que derivaron en detenciones, sin soluciones estructurales sostenibles para la protección de los derechos de la población afectada. Asimismo, se sistematizan las acciones desarrolladas por la Defensoría del Pueblo en cada uno de los ámbitos identificados.
En materia de gestión de conflictos, se registró la obstaculización del libre tránsito mediante 84 puntos de bloqueo en carreteras y vías públicas en siete departamentos del país, así como el cierre de terminales de transporte terrestre, vulnerando derechos a la libre circulación, seguridad personal y trabajo. En este contexto, la Defensoría del Pueblo promovió y acompañó espacios de diálogo, así como acciones de atención médica y pasos humanitarios en puntos de bloqueo de Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y Pando.
Respecto al acceso a la salud y medicamentos, el reporte registra, hasta el 15 de junio, al menos 14 fallecimientos de personas en el marco de la conflictividad, además de dificultades en el traslado de pacientes graves, escasez de oxígeno medicinal y desabastecimiento de insumos hospitalarios. Estas situaciones comprometieron los derechos a la vida, la salud y la integridad personal, entre otros. Ante ello, la institución exhortó al Ministerio Público a investigar los casos con debida diligencia y realizó gestiones para el paso humanitario de personas, ambulancias y oxígeno medicinal en varios departamentos.
En el ámbito de la crisis humanitaria, según datos de la Cámara Departamental de Transporte de La Paz y reportes de prensa, alrededor de cinco mil transportistas permanecen varados en distintos puntos de bloqueo, con afectaciones a derechos fundamentales como la alimentación, salud, libre circulación y trabajo. La Defensoría del Pueblo desarrolló acciones de coordinación con el sector transporte y articuló caravanas humanitarias junto a la Cruz Roja en La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí.
En cuanto al abastecimiento de productos e insumos esenciales, se evidenció escasez de combustibles y gas licuado de petróleo (GLP), dificultades en la provisión de alimentos y desabastecimiento en hospitales, centros de acogida y otras instituciones. También se reportaron casos de agio y especulación de precios. La Defensoría realizó verificativos en mercados, hospitales y estaciones de servicio, además de acompañar la entrega de alimentos y alertar sobre la situación.
El informe también da cuenta de afectaciones al acceso a la educación, la justicia y otros servicios básicos, con suspensión de clases presenciales, interrupción de actividades judiciales y afectación a servicios de atención a víctimas de violencia, así como la interrupción del recojo de residuos sólidos en La Paz y El Alto. La institución emitió verificativos y exhortaciones públicas para garantizar la continuidad de estos servicios esenciales.
Finalmente, en el ámbito de la labor periodística, se registraron agresiones, hostigamientos y restricciones al trabajo de periodistas, con afectaciones a la libertad de expresión, el derecho a la información, la integridad personal y el trabajo. La Defensoría del Pueblo realizó acciones de acompañamiento, atención médica en casos necesarios y pronunciamientos públicos para la protección del ejercicio periodístico.
