Gestor de Notas de Prensa

El Decreto Presidencial 4213 de Amnistía e Indulto por razones humanitarias, modificado por el 4221, para favorecer a personas privadas de libertad ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, fueron observados por la Defensoría del Pueblo que advierte que éstos establecen un procedimiento dilatorio y burocrático en los trámites que impediría que esta población pueda acceder a esos beneficios.

La oficina defensorial en Yacuiba posibilitó, el pasado 15 de abril, que una adolescente de 16 años pueda recibir atención médica en el Hospital Rubén Zelaya de ese municipio, donde se procedió, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional  206/2014, a la interrupción legal del embarazo que llevaba desde hace 15 semanas producto de una violación sexual.

La Defensoría del Pueblo observa que el Ministerio Público y la Policía Boliviana hacen uso desproporcionado de las figuras del arresto y del inicio de procesos penales en el caso de dos autoridades de la Alcaldía de Villa Tunari y de un periodista de la radio Kawsachun Coca, y que se amparan en el Decreto Supremo 4200, sobre la cuarentena contra el coronavirus COVI-19, como una forma de amedrentamiento y persecución desproporcional.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Supremo de Justicia modificar la circular 06/2020 que autoriza a los jueces atender de forma excepcional las solicitudes “a la efectividad del proceso y el derecho a la libertad de las personas”, mediante herramientas telemáticas o en audiencias normales allí donde no exista acceso a internet, debido a que esta disposición acrecienta la indefensión de la población en situación de vulnerabilidad, como las víctimas de los delitos de feminicidio, infanticidio y violación a niños, niñas y adolescentes.

La Defensoría del Pueblo identificó vulneraciones a la continuidad del tratamiento del paciente Richard S. K., ejecutivo de la empresa AXS, quien falleció cerca a la medianoche del domingo 29, cuando era trasladado al Hospital del Norte en El Alto, con un diagnóstico positivo para el coronavirus COVID-19, y anunció una investigación de oficio sobre este hecho ante las varias interrogantes que existen.

La Defensoría del Pueblo condenó hoy el uso indiscriminado de la fuerza pública por parte de agentes de la Policía Boliviana, que gasificaron a los familiares de las víctimas de la masacre de Senkata, ocurrida en noviembre del pasado año, y afectaron a un centenar de niños de la Unidad Educativa 25 de Julio.

La Comisión de la Verdad entregó, ayer martes 3, su Informe de Gestión a la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en oficinas de la institución protectora de los derechos humanos, consistente en 11 tomos empastados que contienen su investigación sobre los delitos de lesa humanidad acontecidos en Bolivia entre el 4 de noviembre de 1964 y 10 de octubre de 1982.

La Defensoría del Pueblo observa las circunstancias en que fue aprehendida la dirigente campesina y ex candidata a la Gobernación del Departamento de La Paz Felipa Huanca, la mañana de este 27 de febrero, según se conoció, por efectivos policiales vestidos de civil.

La Defensoría del Pueblo, en un trabajo conjunto con instituciones públicas y organizaciones sociales que trabajan en la prevención de la trata y tráfico, promovió la elaboración del “Proyecto de Ley Reporte, Registro, Difusión, Medidas Especiales y Coordinación para la Búsqueda de Personas Desaparecidas”, que tiene como objetivo, fundamentalmente, agilizar los trámites y procedimientos para la búsqueda de quienes han sido reportados como desaparecidos.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, expresó su preocupación por la situación de desprotección en las que se encuentran las hijas e hijos de madres víctimas de feminicidio, por lo que instó al Estado a asumir acciones en ese sentido, y demandó a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Órgano Ejecutivo a aprobar medidas que garanticen y aseguren una efectiva protección a esta población.