Gestor de Notas de Prensa

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, advirtió que la Presidenta del Estado, Jeanine Áñez, y los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; de Salud, Marcelo Navarro; y de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias, incurren en los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia a acciones de defensa y de inconstitucionalidad, debido a que hasta el momento incumplieron lo dispuesto en la Resolución 012/2020, de 9 de abril de 2020, de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que instruyó al Órgano Ejecutivo garantizar el traslado de las personas varadas en otra región del país hacia su lugar de origen.

La Defensoría del Pueblo condena y rechaza enérgicamente, las agresiones y la discriminación de las que fue víctima un grupo de médicos y enfermeras por parte de vecinos enardecidos en el municipio de Rurrenabaque, quienes, la noche de este 28 de abril, tras anoticiarse que este personal de salud atendió a un paciente sospechoso de coronavirus, llegaron hasta el hotel donde se hospedaba para obligarlo a abandonar el lugar, sin considerar  que había cumplido entre 24 y 36 horas de servicio sin descanso.

La oficina defensorial en Yacuiba posibilitó, el pasado 15 de abril, que una adolescente de 16 años pueda recibir atención médica en el Hospital Rubén Zelaya de ese municipio, donde se procedió, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional  206/2014, a la interrupción legal del embarazo que llevaba desde hace 15 semanas producto de una violación sexual.

La Defensoría del Pueblo observó las condiciones en el traslado de las y los bolivianos que ayer salieron del campamento de Pisiga, en Oruro, tras cumplir 14 días de cuarentena por el COVID-19, quienes fueron llevados en buses hasta ciudades capitales del país, desde donde, en algunos casos, debieron  buscar la forma de retornar a sus hogares e, incluso, enfrentar situaciones de maltrato.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, ante la determinación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de cerrar las agencias bancarias en varias regiones del Chapare, afirmó que esta medida afectará en el pago del Bono Familia y Canasta Familiar, otorgados por el Estado por la situación de emergencia sanitaria y cuarentena que vive el país, por lo que pidió garantizar de forma igualitaria la cancelación de éstos bonos a los beneficiarios que habitan estas localidades.

La Defensoría del Pueblo, pidió que el Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, aprobado recientemente por la Presidenta Jeanine Áñez, ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, asegure una diferenciación de género y considere que las oportunidades en el área laboral, social y familiar para las mujeres en las cárceles, son desiguales con relación a los varones y muchas de ellas son madres que siguen al cuidado de sus hijos desde el encierro y son sustento de sus hogares que se encuentran fuera del penal.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Supremo de Justicia modificar la circular 06/2020 que autoriza a los jueces atender de forma excepcional las solicitudes “a la efectividad del proceso y el derecho a la libertad de las personas”, mediante herramientas telemáticas o en audiencias normales allí donde no exista acceso a internet, debido a que esta disposición acrecienta la indefensión de la población en situación de vulnerabilidad, como las víctimas de los delitos de feminicidio, infanticidio y violación a niños, niñas y adolescentes.

La Defensoría del Pueblo, este jueves, comenzó con la entrega de ayuda solidaria, víveres principalmente, a personas con VIH y trabajadores de circo en la Ciudad de Cochabamba, y a aproximadamente 300 familias del pueblo Yuqui que habitan en el Chapare y enfrentan carencias por la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 y no serán beneficiados con los bonos que el Gobierno decretó como un paliativo para este periodo.

La Defensoría del Pueblo intervino en el caso de dos turistas que denunciaron ser víctimas de violencia sexual en la localidad de Uyuni, y gestionó acciones de contención y protección para ambas; además de hacer seguimiento a las diligencias por parte del Ministerio Público en la investigación penal.

La Defensoría del Pueblo demandó al Gobierno mejorar y ampliar el alcance del Bono Familia y el pago de la Canasta Familiar para beneficiar a grupos en situación de vulnerabilidad que no fueron considerados, como los estudiantes de centros de educación especial y de nivel secundario, personas con discapacidad  leve y moderada y jubilados con una renta reducida, en el marco del principio de no discriminación e igualdad.