Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo rechazó y expresó su preocupación por los anuncios públicos de grupos particulares o civiles como los de la denominada agrupación Resistencia Juvenil Cochala, que bajo el argumento de “proteger” a la ciudad de Cochabamba, intentan ejercer acciones de seguridad, control o negociación que son exclusivas del Estado.

La Defensoría del Pueblo solicitó a los ministerios de Justicia y Transparencia Institucional y de Salud, a la Contraloría General del Estado y a la Asamblea Legislativa Plurinacional  informar, supervisar e investigar la compra de 170 unidades de respiración artificial destinadas al tratamiento de los enfermos con el COVID-19.

La Defensoría del Pueblo ve con preocupación las últimas manifestaciones de descontento social que se registran en diferentes regiones del país y que tiene como actores a pobladores del sector de K’ara K’ara en Cochabamba, en el municipio de Yapacaní, comunarios de Macha en el Norte de Potosí y vecinos de algunas zonas de la ciudad de El Alto, que demandan medidas adecuadas para retornar a sus actividades laborales y económicas para enfrentar la afectación económica que les habría provocado la cuarentena total.

La Defensoría del Pueblo exhorta al Gobierno a que las medidas adoptadas para enfrentar al COVID-19 no agraven las desigualdades que enfrentan las personas LGBT y, por el contrario, le insta a sensibilizar al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía para prevenir actos de discriminación y violencia en contra de esta población.

La Defensoría del Pueblo investiga la posible vulneración de la estabilidad, continuidad e inamovilidad laboral, en plena crisis sanitaria, de aproximadamente 500 maestras y maestros de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros (ESFM) y en los Programas de Formación Complementaria para Actores del Sistema Educativo Plurinacional (PROFOCOM-SEP).

La Defensoría del Pueblo observa que el Decreto Supremo 4232, de 7 de mayo de este año, está en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) y atenta contra el derecho a la seguridad alimentaria de los bolivianos.

La Defensoría del Pueblo, este 10 de mayo, cuando se conmemora el Día del Periodista Boliviano,   expresa respeto y admiración por el trabajo que desarrollan las y los trabajadores de la prensa, quienes se encuentran en primera línea en las coberturas noticiosas en este contexto tan adverso por el COVID-19, situación que incrementa los riesgos a su seguridad en todas sus dimensiones.

La Defensoría del Pueblo observa que a la fecha es incierta la posibilidad de contar con pruebas, accesibles, oportunas y suficientes, para identificar casos de COVID-19 en el país, no obstante que el Ministerio de Salud informó hace 76 días que existía un plan de preparación y respuesta para el control de esta enfermedad.

La Defensoría del Pueblo pidió, mediante notas remitidas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y al Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, la adopción de medidas para garantizar el abastecimiento de gasolina y diésel en trópico cochabambino, estableciendo periódicamente los volúmenes necesarios,  a fin de no afectar la producción agrícola y piscícola particularmente, además del consumo interno.

La Defensoría del Pueblo, formalmente, pidió al Gobierno brinde asistencia jurídica y administrativa para tres ciudadanos bolivianos con discapacidad auditiva que fueron detenidos en Brasil, aparentemente, por vulnerar las restricciones de salud producto de su condición.