Gestor de Notas de Prensa

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, instó al Gobierno a agilizar la declaratoria de Alerta Nacional ante el alarmante incremento de feminicidios, y exhortó a las instancias responsables de la prevención, atención, protección reparación y sanción contra la violencia hacia la mujer, que es la forma más extrema de discriminación en razón de género, a redoblar esfuerzos institucionales para erradicarla.

Tras ser notificada con la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de otorgar medidas cautelares para la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz y el Delegado Defensorial de Cochabamba, Nelson Cox, para garantizar su protección de las agresiones y acoso que la institución defensorial enfrenta desde hace más de un mes, la Defensoría del Pueblo pide al Estado boliviano cumplir a la brevedad posible con lo solicitado por la entidad interamericana.

Cerca de 200 personas privadas de libertad de distintos centros penitenciarios del país, son parte de acciones humanitarias que promueve la Defensoría del Pueblo para incidir en los procesos de readaptación y reinserción social, mismos que se sustentan en la educación y trabajo, e impulsar la promoción de su producción artesanal.

La Defensoría del Pueblo, este lunes, presentó ante el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional la propuesta de “Protocolo para la Asistencia Integral de Hijas e Hijos de Madres Víctimas de Feminicidio”, para que esta instancia viabilice su tratamiento y aprobación en el Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de la Niña, Niño y Adolescente, y poder garantizar que esta población reciba la protección que necesita ante la situación de indefensión y desprotección en la que queda.

La Defensoría del Pueblo, ante la detención indebida de tres activistas en la ciudad de El Alto, recordó a la Policía Boliviana su deber legal de respetar las garantías constitucionales del debido proceso, ajustar su accionar al respeto de los derechos y no incurrir en ningún tipo de persecución sin la debida fundamentación; asimismo, exhortó al Órgano Judicial y al Ministerio Público a resolver el presente caso con la debida objetividad y justicia, no permitiendo la criminalización de la labor realizada por activistas o cualquier persona.

Este 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, proclamado por la Asamblea General en 1948, se recuerda el respeto a los derechos fundamentales e inalienables de todas las personas sin distinción alguna contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que todos los países en el mundo debieran garantizar su pleno ejercicio y cumplimiento.

La Defensoría del Pueblo, durante todos los días del conflicto que vive el país, ha evidenciado graves actos de violencia que se han traducido en la afectación a la integridad de más de 500 personas, la muerte confirmada de 18 personas, durante toda la etapa de conflictividad, 14 de éstas en un contexto de intervenciones conjuntas entre Policía Boliviana y Fuerzas Armadas. Se ha observado un número importante de arrestos de civiles a partir del 10 de noviembre,  que han presentado signos notorios de tratos crueles, motivo por el cual se han remitido comunicaciones escritas de recordatorios, sobre las prohibiciones de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, tanto a la Presidenta del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana, solicitando que su accionar se enmarque en las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo ante los lamentables sucesos en la población de Sacaba, donde la tarde de este viernes se registró la muerte de cinco personas durante la intervención conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, que además dejó más de una treintena de heridos, expresa su alarma y preocupación ante este resultado en la intención de frenar el ingreso de una movilización cocalera a la ciudad de Cochabamba.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), emitió un fallo en favor de la Defensoría del Pueblo, y le concedió la solicitud planteada en la acción de amparo constitucional que interpuso contra el colegio Boliviano Alemán “Ave María” por la vulneración del derecho a la educación y actos discriminatorios cometidos por esta unidad educativa en contra de un grupo de estudiantes por el hecho de que sus progenitores no acataron un incremento ilegal en las pensiones escolares para 2019.

Han pasado 16 años de los hechos luctuosos que quedaron en la historia de Bolivia como el denominado “Octubre Negro”, una revuelta social en la que miles de personas de las ciudades de La Paz y El Alto se movilizaron en contra de las intenciones de exportar gas a Estados Unidos a través de Chile, y fueron reprimidos por una acción militar ordenada por el gobernante de entonces; una revuelta que duró un mes y terminó con la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que huyó de las movilizaciones de obreros, indígenas y vecinos; con él se fue una cultura de menosprecio por los más vulnerables. Esta movilización social fue la suma de la aplicación de ajustes económicos, de lo ocurrido en la llamada “guerra del agua” en Cochabamba, del “impuestazo” al salario decretado en febrero de 2003 que derivó en un enfrentamientos entre policías y militares.