Gestor de Notas de Prensa

Un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo revela la situación de marginación, exclusión y discriminación que afecta a miembros del pueblo indígena Ayoreo en las comunidades Degüi y Garay que habitan en la ciudad de Santa Cruz, lo que deriva en la vulneración de sus derechos a la educación, trabajo, salud, así como en dificultades para acceder a servicios básicos y vivienda en condiciones dignas.

Descarga el informe defensorial aquí

La Defensoría del Pueblo, como parte de la campaña de solidaridad que impulsa por la declaratoria de emergencia sanitaria, este jueves entregó 113 canastas familiares y útiles escolares que beneficiarán a niñas, niños y adolescentes de las unidades educativas José Manuel Pando, Kalari Cotapata, Cantupata y German Busch, originarios del Ayllu Romer Huma, de la Marka José Manuel Pando Kalari de la Nación Jacha Suyu Pakajaqi, Provincia Pacajes – Municipio de Corocoro.

La Defensoría del Pueblo participará en la audiencia de acción popular que presentaron representantes de poblaciones indígenas en contra de los decretos supremos 4232 y 4238, que autorizan el uso de semillas transgénicas en el país, para verificar las denuncias de amedrentamiento y estigmatización contra quienes interpusieron ese recurso constitucional. La audiencia se desarrolla en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

La Defensoría del Pueblo solicita medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor del Pueblo Indígena Originario Campesino (PIOC) Araona, ubicado en el norte de La Paz, con la finalidad de que se adopten acciones sostenidas que protejan la vida, integridad y salud de ese pueblo frente a la pandemia del COVID-19.

La Delegación Defensorial Departamental de Santa Cruz verificó la existencia de 20 comunarios con heridas y lesiones, producto del violento desbloqueo de la carretera en el punto ubicado en la comunidad Santa Rosa de la Roca, en la provincia San Ignacio de Velasco de Santa Cruz, la madrugada del pasado domingo.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, condenó los hechos de amedrentamiento a pobladores y acciones de hecho de carácter violento por parte de bloqueadores, quienes retuvieron ilegalmente a ocho personas en la localidad de Samaipata; asimismo, pidió que se inicie una investigación al respecto.

La Defensoría del Pueblo demandó a las instancias estatales competentes a garantizar acciones efectivas para controlar y sofocar totalmente el incendio en el Parque Nacional Otuquis y no incurrir en omisiones que puedan generar mayores afectaciones.

La Defensoría del Pueblo demandó a todos los niveles del Estado la implementación de medidas urgentes para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas altamente vulnerables, con énfasis en acciones reforzadas, con pertinencia cultural, dirigidas a cuidar la vida, integridad y salud de la población araona, ante la declaratoria de emergencia de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz  (CPILAP) por el ingreso de la COVID-19 en esta tierra comunitaria de Origen (TCO).

La Defensoría del Pueblo puso en conocimiento del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas la omisión del Estado boliviano para establecer medidas diferenciadas para la protección de esta población frente a la COVID-19.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, advirtió que una eventual clausura de las radios comunitarias sería un acto ilegal y que las declaraciones del Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en sentido de que habría que clausurarlas, se convierten en un amedrentamiento directo en contra de ellas.