Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo exhortó al Gobierno a garantizar el cumplimiento de la prohibición de no regresividad de los derechos culturales de las naciones y pueblos indígena campesinos, que tras la fusión de tres ministerios del Estado, principalmente el de Culturas, podría derivar en un retroceso.

La Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno central y a las entidades territoriales autónomas a activar acciones integrales y urgentes para la protección de los pueblos indígenas frente a la pandemia de la COVID-19, ante el riesgo de extinción física y cultural de aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad como el pueblo Yuqui, que en una muestra de siete personas, se detectó cuatro positivos y tres en espera de sus resultados.

La Defensoría del Pueblo planteó al Gobierno incluir a los actores sociales en la construcción, implementación, control de estrategias y mecanismos para evitar la propagación del coronavirus una vez concluya la cuarentena total; asimismo, pidió acciones urgentes para replantear las medidas de promoción de la salud y prevención de la COVID-19, incluyendo un enfoque de derechos humanos e intercultural, a fin de generar aceptación y accesibilidad en la población.

La Defensoría del Pueblo denunció una serie de atropellos protagonizados por guardias municipales de la Alcaldía de San Javier, en Santa Cruz, en contra de indígenas de la Central Indígena Paikoneka, cuando intentaron tomar la sede de esa organización con el argumento de convertirlo en un centro de atención para pacientes con COVID-19.

La Defensoría del Pueblo observa que el Decreto Supremo 4232, de 7 de mayo de este año, está en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) y atenta contra el derecho a la seguridad alimentaria de los bolivianos.

La Defensoría del Pueblo, este jueves, comenzó con la entrega de ayuda solidaria, víveres principalmente, a personas con VIH y trabajadores de circo en la Ciudad de Cochabamba, y a aproximadamente 300 familias del pueblo Yuqui que habitan en el Chapare y enfrentan carencias por la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 y no serán beneficiados con los bonos que el Gobierno decretó como un paliativo para este periodo.

La Defensoría del Pueblo demandó a todos los niveles del Estado activar acciones de prevención y protección para las naciones y pueblos indígena orginarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento y no contactados, frente a los riesgos que conlleva la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, solicitó, a través de dos notas remitidas al Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y al Comandante General de la Policía, Gral. Rodolfo Montero, información sobre la reglamentación que regula la forma en que los efectivos policiales realizan el control del abastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad establecidos en el Decreto Supremo 4200, especialmente a pequeños productores y comercializadores.

La Defensoría del Pueblo exhorta al Gobierno Nacional a adoptar medidas específicas de protección y prevención en favor de los grupos vulnerables de la sociedad, como personas en situación de calle, adultos mayores y niños y adolescentes concentrados en centros de acogida, pacientes con cáncer y enfermedades crónicas  y personas privadas de libertad, debido a que precisan una especial y urgente atención ante la emergencia derivada por la propagación del coronavirus COVID-19.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció la vulneración de los derechos humanos por parte del Estado boliviano en el periodo poselectoral del 20 de octubre de 2019 y lo hizo en las audiencias públicas del 175 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizadas en Haití.