Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo observó las condiciones en el traslado de las y los bolivianos que ayer salieron del campamento de Pisiga, en Oruro, tras cumplir 14 días de cuarentena por el COVID-19, quienes fueron llevados en buses hasta ciudades capitales del país, desde donde, en algunos casos, debieron  buscar la forma de retornar a sus hogares e, incluso, enfrentar situaciones de maltrato.

Las personas que se encuentran varadas en distintos puntos del país como efecto de la declaratoria de la cuarentena ante la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 podrán retornar a sus hogares, por razones de urgencia y pertinencia, según dispuso un fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en respuesta a una acción de libertad presentada por la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo luego de evidenciar que los bolivianos que ingresaron a Pisiga por la frontera con Chile se encuentran en condiciones difíciles, situación que pone en cuestión la vigencia de sus derechos humanos, y ante la disconformidad de los afectados, pide a las gobernaciones departamentales considerar el traslado de las personas que tienen como destino final esos departamentos. 

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en una nota formal remitida a la Canciller, Karen Longaric,  pidió que, en tanto se gestione el traslado al país de los ciudadanos bolivianos varados en Brasil, se pueda coordinar con las carteras de Estado que correspondan y las representaciones consulares más cercanas, para brindar atención a las necesidades de aquellos ciudadanos, tales como alimentación, asistencia médica, hospedaje y otros de primera necesidad.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Director General de Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI), que disponga el uso de inmuebles para albergar a los bolivianos que se encuentran en los nueve departamentos del país, así como los del exterior, como quienes se hallan varados en Huara, Chile, como efecto de las disposiciones gubernamentales para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. 

La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno medidas de protección para 729 personas que permanecen en distintas regiones del país porque no pudieron retornar a sus hogares  debido a la declaratoria de cuarentena y emergencia sanitaria por el COVID-19, y  comienzan a enfrentar carencias con el transcurrir de los días.

La Defensoría del Pueblo solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar para proteger a las 209 bolivianas y bolivianos que se encuentran varados cerca de la frontera con Chile, impedidos por el Estado boliviano de retornar al país durante el periodo que dure la emergencia sanitaria y cuarentena total.

La Defensoría del Pueblo demanda acciones urgentes al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, para permitir el ingreso al país de 150 bolivianos varados en la población de Huara, Chile, cerca de la frontera con Bolivia y que no habrían podido retornar debido a que las autoridades nacionales les habrían indicado que podrán hacerlo el 15 de abril, cuando acaba la cuarentena en el territorio nacional.

La Defensoría del Pueblo demanda acciones inmediatas en favor de bolivianos que se encuentran varados en países como Alemania, Argentina, Chile, Irán y Estados Unidos, y que pretenden retornar al país pero que no pueden hacerlo por diferentes razones, como la falta de recursos económicos y problemas derivados de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, solicitó, mediante una misiva dirigida al Ministro de Obras Públicas, Iván Arias, vuelos solidarios para las personas que quedaron varadas como efecto de la aplicación del Decreto Supremo 4196 del 17 de marzo pasado, que declara emergencia sanitaria nacional y cuarentena en el territorio boliviano.