Gestor de Notas de Prensa

La Paz, 29 de diciembre de 2020.- La Defensoría del Pueblo recomienda al Gobierno Nacional que las futuras medidas económicas tengan un carácter inclusivo y que prioricen el área rural, así como la economía familiar campesina, puesto que el Decreto Supremo 4216, del Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y del Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral, del 14 de abril de 2020, sólo benefició al 0,43% de las empresas legalmente constituidas en el país, de las cuales el  0,068% se encuentra ubicada en el área rural. 

La Defensoría del Pueblo condena los ataques que sufrieron anoche periodistas de la ciudad de Cochabamba, cuando hacían la cobertura informativa de los bloqueos que protagonizaban vecinos y miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, y recuerda que la Constitución Política del Estado y las convenciones internacionales protegen el trabajo de la prensa y la libertad de expresión.

La Defensoría del Pueblo exigió al Gobierno Transitorio y  a las autoridades recientemente electas que asumirán el 8 de noviembre, investigar el origen de las “listas de odio” que circulan en redes sociales con nombres de periodistas, ex autoridades y otros profesionales y que incluyen amenazas en su contra, a fin de asegurar que puedan desarrollar sus actividades con total libertad y plenas garantías.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, reiteró al Estado en su conjunto, en especial al Órgano Ejecutivo y Electoral, que debe garantizar a los trabajadores de la prensa, tanto nacionales como internacionales, el desarrollo de sus labores sin amedrentamiento de ningún tipo, en especial, durante la cobertura de los acontecimientos electorales; y a la Policía Boliviana, que bajo ningún motivo debe limitar la labor de la prensa y, por el contrario, debe que garantizar la integridad de los periodistas.

La Defensoría del Pueblo verificó el estado de gravedad de un trabajador de Laboratorios VITA que esta tarde resultó herido en la cabeza por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno, lanzado durante la violenta intervención policial para reprimir a trabajadores que protestaban por el despido de sus dirigentes sindicales e intentaban ingresar a las instalaciones.

La Defensoría del Pueblo condena de manera enérgica y categórica el uso abusivo de la fuerza policial para reprimir a trabajadores de Abya Yala TV, cuando realizaban una protesta en plaza Murillo por la falta de pago del Estado por servicios prestados en la gestión 2019. Condena, asimismo, que los trabajadores de la prensa que cubrían la movilización hayan sido desalojados con el uso de agentes químicos que fueron aplicados directamente a la cara de los periodistas, además de recibir empujones y golpes por parte de los efectivos policiales.

La Defensoría del Pueblo investiga la denuncia sobre la restricción al funcionamiento del canal Abya Yala por parte de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), al omitir la autorización de la licencia de valor agregado impidiendo que este medio pueda ser parte de la grilla de señales de cable en la ciudad de La Paz, lo cual se constituiría en una vulneración a la libertad de expresión.

La Defensoría del Pueblo y Visión Mundial Bolivia entregaron, la mañana de este martes, kits de alimentos e insumos de bioseguridad a 62 familias de miembros de la Asociación de Vendedores de Caramelos y Libros en General Jóvenes y Niños Trabajadores de y en la Calle en Micros y Buses y Taxis de La Paz y El Alto, uno de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria declarada por la pandemia COVID-19.

La Defensoría del Pueblo instó a los órganos Legislativo y Ejecutivo a definir medidas oportunas, razonables y proporcionales que garanticen la devolución de aportes a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFPs) que demanda un movimiento de personas, asegurando que esta situación no menoscabe el actual sistema de seguridad social a largo plazo.

Una investigación defensorial evidenció deficiencias y limitaciones en el servicio que brindan las inspectorías laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, lo que afecta el cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores, situación que se ve reflejada en la actual coyuntura de emergencia sanitaria que vive el país, que recibió denuncias sobre despidos ilegales que no merecieron respuesta por parte de esa cartera ministerial.