Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo, tras conocer que tres periodistas de Bolivia Tv. dieron positivo al coronavirus y que ese canal estatal no estaría garantizando la protección de sus trabajadores frente a la enfermedad, pidió al Ministerio de Comunicación informar sobre las medidas de bioseguridad que se están implementando en los medios estatales.

La Defensoría del Pueblo condena y rechaza las actitudes violentas de pobladores de Mairana que este vienes agredieron a periodistas que realizaban la cobertura de la protesta que protagonizan en ese sector.

La Defensoría del Pueblo exhortó a la población de Caranavi a deponer actitudes que atenten contra la integridad del personal de salud desplegado en esa población y demandó al Estado, a través del Ministerio de Salud, a otorgar garantías a esos trabajadores que fueron atacados y amenazados por pobladores de ese municipio, cuando guardaban una cuarentena preventiva por contacto con pacientes positivos de COVID-19.

La Defensoría del Pueblo investiga la posible vulneración de la estabilidad, continuidad e inamovilidad laboral, en plena crisis sanitaria, de aproximadamente 500 maestras y maestros de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros (ESFM) y en los Programas de Formación Complementaria para Actores del Sistema Educativo Plurinacional (PROFOCOM-SEP).

La Defensoría del Pueblo considera que las circulares de la Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI), respecto al pago de los diferimientos de los créditos bancarios y referidos a los clientes del mercado de seguros, favorecen a las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y restringen los derechos de los usuarios financieros.

La Defensoría del Pueblo pidió, mediante notas remitidas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y al Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, la adopción de medidas para garantizar el abastecimiento de gasolina y diésel en trópico cochabambino, estableciendo periódicamente los volúmenes necesarios,  a fin de no afectar la producción agrícola y piscícola particularmente, además del consumo interno.

La Defensoría del Pueblo, formalmente, pidió al Gobierno brinde asistencia jurídica y administrativa para tres ciudadanos bolivianos con discapacidad auditiva que fueron detenidos en Brasil, aparentemente, por vulnerar las restricciones de salud producto de su condición.

La Defensoría del Pueblo vela por la seguridad de los trabajadores en salud de los establecimientos médicos de El Alto y solicita al Estado, mediante el Ministerio de Salud, otorgar garantías a su integridad personal ante los ataques que sufrieron por parte de vecinos de esa ciudad.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió al Gobierno Nacional que instruya y viabilice la libre circulación de motorizados y personal de las productoras avícolas del país, así como de trabajadores  de apoyo, debido a que 500 productoras de ese rubro han paralizado su producción porque tienen dificultades ocasionadas por funcionarios militares y policiales, y porque está en riesgo el abastecimiento de alimentos.

La Defensoría del Pueblo, en notas remitidas a la Presidenta del Estado, Jeanine Áñez, y a la Ministra de Comunicación, Isabel Fernández, pidió la adopción de medidas para cumplir con sus obligaciones financieras, derivadas de los servicios de difusión de propaganda, con el canal PAT, pues al no hacerlo está afectando el derecho a la libertad de expresión tanto de los periodistas como de la población en general, y afectando derechos laborales.