Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la decisión del Rector de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz de establecer como causal de proceso universitario “la difamación y calumnia realizada por cualquier medio ya sea escrito o digital en abuso de las tecnologías de información y comunicación a través de plataformas digitales, redes sociales o sistemas informático, disponiendo la contratación de un “perito informático” cuya función específica será “identificar a los posibles agresores a fin de iniciar las acciones disciplinaras o jurisdiccionales correspondientes”.

La Defensoría del Pueblo tras tomar conocimiento de la decisión del Juzgado 5to de lucha contra la Corrupción y Violencia contra la Mujer, que dispuso detención preventiva del periodista Luis Alfredo Muñoz Cerna, por cuatro meses en el centro penitenciario de San Pedro en La Paz, expresa su preocupación ante esta determinación, razón por la que ha iniciado una investigación para garantizar el respeto de las garantías del debido proceso y el respeto a la libertad de expresión. 

La Defensoría del Pueblo repudia los hechos de violencia en la localidad de Chushuara, del municipio de Apolo, provincia Franz Tamayo de La Paz, suscitados ayer por conflictos de tierra, intereses mineros y problemas orgánicos de las organizaciones sociales. La institución defensorial verifica la información sobre la posible existencia de 15 personas heridas y siete retenidas, como producto de esos enfrentamientos.  

La Defensoría del Pueblo inauguró hoy la sala audiovisual Luis Espinal Camps, que tiene la finalidad de promover y difundir los derechos humanos a través de materiales audiovisuales. Está ubicada en la biblioteca de la institución defensorial, en la calle Colombia N.° 440, y pretende realizar, además, un homenaje al cineasta que luchó por los derechos humanos y se opuso a las dictaduras militares.   

La Defensoría del Pueblo ha evidenciado que seis soldados del Regimiento Eustaquio Méndez de Tarija presentan hematomas en las extremidades inferiores y tienen dificultades para caminar, razón por la cual ha solicitado al Ministerio Público la realización de un examen médico forense y al Comandante de esa unidad que ofrezca las garantías para el resguardo de la integridad de los afectados, informó la delegada defensorial de Tarija, Carola Romero. 

La Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento del deceso de Katherine Salazar, una mujer trans que trabajaba como cuidadora en un cementerio en el municipio de Puerto Quijarro, Santa Cruz. La mañana del 27 de febrero, vecinos de lugar la hallaron sin signos vitales y presumen que fue víctima de un hecho de feminicidio.

La Defensoría del Pueblo rechaza los actos violentos que se registraron este lunes por la tarde en el Municipio de Rurrenabaque, cuando un grupo de personas luego de enfrentamiento con la Policía tomó el Comando de esa localidad y trasladaron de la celda a la Sra. S.B. E. a un lugar público para inmovilizarla en el cepo. La mujer fue imputada por supuesto hecho de homicidio de la adolescente de 16 años de edad A.M.C.C quien trabajaba como su niñera. El juez de la causa había determinado detención preventiva por cuatro meses en el Penal de Mujeres Trinidad a la imputada, la población no estaba de acuerdo con esa decisión del juez.

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación que organizaciones sociales y grupos dedicados a la minería, no puedan acceder a información oportuna y transparente sobre la tramitación de derechos mineros de parte del Estado. 

La Defensoría del Pueblo censura los actos de violencia política cometidos por servidores públicos de la Alcaldía de La Paz en  contra de las concejalas Roxana Pérez del Castillo, Eliana Paco Paredes y Joselin Pinto, a quienes no les permitieron ingresar a la sala de reuniones del piso 2 del Palacio Consistorial, donde se socializaba la Resolución Municipal 007/2022, que autoriza el incremento de la tasa de aseo urbano.

Trinidad, 16 de febrero de 2022.- La Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante del proceso judicial en contra de un militar de iniciales E.N.A., condenado el lunes por el  Tribunal de Sentencia de Santa Ana de Yacuma a 27 años y seis meses de prisión por el delito de violación con agravante, hasta que ésta sea ejecutoriada.