Gestor de Notas de Prensa

La Paz, 02 de febrero de 2021.- La Defensoría del Pueblo reprocha que los médicos de Santa Cruz hayan llevado a cabo un paro de actividades, pues esta medida atenta en contra de la salud de la población, más aún en un periodo de pandemia por la COVID-19, y exhorta tanto a las instancias gubernamentales como al sector movilizado a buscar el diálogo como medida de entendimiento real, sincero, razonable y con medidas proporcionales, para evitar el conflicto que, en este caso, usa a la población como recurso de presión.

La Paz, 02 de febrero de 2021.- La Defensoría del Pueblo evidenció que las inspectorías laborales dependientes del Ministerio de Trabajo, redujeron hasta menos de la mitad su trabajo de inspección laboral y técnica, la cantidad de su personal contratado y la cantidad de denuncias recibidas, entre otras tareas, en el contexto de la pandemia por la COVID-19, razón por la cual demanda a esta instancia gubernativa reforzar las jefaturas departamentales regionales, instruir la realización de inspecciones e implementar medidas de bioseguridad para la atención al público, entre otros aspectos.

La Defensoría del Pueblo pondera la llegada al país del primer lote de 20.000 vacunas Sputnik V, adquiridas por el Gobierno Nacional directamente del Gobierno de Rusia, y saluda que las primeras dosis sean aplicadas al personal de salud que está en la primera línea de combate contra la pandemia de la COVID-19.

La Paz, 26 de enero de 2021.- La Defensoría del Pueblo detectó que los centros de atención para personas que viven con el VIH/sida (PVVs) no reúnen las condiciones necesarias de infraestructura ni de personal para atender a estos pacientes, debido a que el 77% de las infraestructuras visitadas no reúnen las características mínimas para este sector y porque el 86% de esos establecimientos carece de personal multidisciplinario requerido, según el informe defensorial “Evaluación de los servicios de tratamiento a las personas que viven con VIH/sida”.

La Defensoría del Pueblo exige al Estado, en sus instancias nacionales, departamentales y municipales, implementar con carácter de urgencia acciones de protección para los adultos mayores, debido al constante incremento de casos positivos de la COVID-19 en el país y porque más del 50% de los decesos, según datos a octubre de 2020, fueron de personas adultas mayores. 

La Defensoría del Pueblo censura que las autoridades nacionales, tanto judiciales, penitenciarias y sanitarias, no hayan activado los mecanismos suficientes para proteger de contagios de la COVID-19 a los adolescentes de los Centros de Reintegración Social (CRS) del  país, según el Informe Defensorial “Situación de las y los adolescentes en Centros de Reintegración Social en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19”.

La Defensoría del Pueblo demanda al Gobernador de La Paz, Féliz Patzi, que asuma medidas para garantizar una atención ininterrumpida en la Unidad de Oncología del Hospital de Clínicas, que actualmente enfrenta restricciones en el servicio debido a que su personal se encuentra con baja médica por COVID-19.

La Defensoría del Pueblo advierte que, durante la primera ola de la pandemia de la COVID-19, la respuesta estatal fue insuficiente e inoportuna, según el Informe Defensorial “Salud, derechos humanos y Covid-19 en Bolivia”, elaborado con información obtenida en 38 establecimientos de salud entre febrero y noviembre de 2019.

La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de la protesta que se desarrolla en puertas de la administración departamental de la Caja Petrolera de Salud en la ciudad de Santa Cruz. Si bien se respeta el derecho a la protesta, las denuncias contra el personal de esta institución deben ser específicas y se debe identificar la conducta del servidor público que se considera transgresora de la normativa interna y de los reglamentos, y su tramitación se  debe canalizar a través de las vías que correspondan.

La Defensoría del Pueblo convoca al Tribunal Supremo Electoral y a las agrupaciones políticas a cumplir con las medidas de bioseguridad dispuestas por las autoridades nacionales durante todas las etapas del proceso electoral de las elecciones subnacionales que se avecinan, a fin de evitar una mayor propagación de la COVID-19.