Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo observa que a la fecha es incierta la posibilidad de contar con pruebas, accesibles, oportunas y suficientes, para identificar casos de COVID-19 en el país, no obstante que el Ministerio de Salud informó hace 76 días que existía un plan de preparación y respuesta para el control de esta enfermedad.

La Defensoría del Pueblo pidió, mediante notas remitidas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y al Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, la adopción de medidas para garantizar el abastecimiento de gasolina y diésel en trópico cochabambino, estableciendo periódicamente los volúmenes necesarios,  a fin de no afectar la producción agrícola y piscícola particularmente, además del consumo interno.

La Defensoría del Pueblo alertó que la salud y la vida de los policías y  militares encargados del control en el cumplimiento de la cuarentena, están en peligro y corren el riesgo de convertirse en transmisores del COVID-19 si el Estado no garantiza medidas especiales para identificar casos de coronavirus y evitar el contagio, como la realización de pruebas rápidas a miembros de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas y a sus familias.

La Defensoría del Pueblo vela por la seguridad de los trabajadores en salud de los establecimientos médicos de El Alto y solicita al Estado, mediante el Ministerio de Salud, otorgar garantías a su integridad personal ante los ataques que sufrieron por parte de vecinos de esa ciudad.

La Defensoría del Pueblo pidió al Comando General de la Policía Boliviana inicie una investigación,  sería e imparcial, y se someta a un proceso interno al efectivo de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), para establecer las sanciones que corresponden por incurrir en una agresión sexual contra una mujer al momento de arrestarla, el pasado viernes, en inmediaciones de la zona de Senkata en El Alto.

La Defensoría del Pueblo advierte que la salud y la vida del  personal médico y de toda la población del departamento del Beni, se encuentran en riesgo como resultado de las deficiencias que enfrentan los establecimientos de salud en cuanto a falta de medidas de bioseguridad, insuficiente personal en salud, falta de reactivos e insumos para realizar pruebas de COVID-19, y falta de acceso a información veraz y oportuna.

La Defensoría del Pueblo condena y rechaza enérgicamente, las agresiones y la discriminación de las que fue víctima un grupo de médicos y enfermeras por parte de vecinos enardecidos en el municipio de Rurrenabaque, quienes, la noche de este 28 de abril, tras anoticiarse que este personal de salud atendió a un paciente sospechoso de coronavirus, llegaron hasta el hotel donde se hospedaba para obligarlo a abandonar el lugar, sin considerar  que había cumplido entre 24 y 36 horas de servicio sin descanso.

La Defensoría del Pueblo plantea fortalecer y ampliar los servicios de atención y protección a niñas, niños y adolescentes que posibiliten la denuncia, a través de mecanismos alternativos e innovativos como campañas informativas en redes sociales, centros de abasto, entidades financieras, centros de salud y farmacias, para prevenir el alarmante incremento de casos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes en este periodo de cuarentena por el COVID-19.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno encarar, a la brevedad posible, el proceso de retorno a la actividad educativa, con la participación plena y efectiva de docentes, padres y madres de familia, y estudiantes, que tome en cuenta la diversificación de estrategias y medios educativos a distancia y garantice la equidad digital para maestros y el alumnado

La Defensoría del Pueblo inició una investigación para establecer las condiciones de bioseguridad con las que cuenta y se desplazan la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, debido a que se conoció públicamente que integrantes de ambas instituciones dieron positivo al coronavirus COVID 19 y que otra cantidad permanece aísla bajo sospecha de contagio.