Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo demandó al Estado la aplicación de medidas para garantizar la salud de los privados de libertad, así como acciones para descongestionar las cárceles del país, ante los riesgos de contagio del COVID-19 que enfrenta esta población vulnerable.

La Defensoría del Pueblo lamenta la violencia que se protagoniza en la víspera en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, donde grupos de personas salieron a las calles  e instalaron puntos de bloqueos para protestar por la ampliación de la cuarentena, la falta de pago de los bonos, incumplimiento en el descuento del pago de los servicios básicos, además de exigir que se realicen las elecciones generales.

La Defensoría del Pueblo investiga la posible vulneración de la estabilidad, continuidad e inamovilidad laboral, en plena crisis sanitaria, de aproximadamente 500 maestras y maestros de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros (ESFM) y en los Programas de Formación Complementaria para Actores del Sistema Educativo Plurinacional (PROFOCOM-SEP).

La Defensoría del Pueblo observa que a la fecha es incierta la posibilidad de contar con pruebas, accesibles, oportunas y suficientes, para identificar casos de COVID-19 en el país, no obstante que el Ministerio de Salud informó hace 76 días que existía un plan de preparación y respuesta para el control de esta enfermedad.

La Defensoría del Pueblo pidió, mediante notas remitidas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y al Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, la adopción de medidas para garantizar el abastecimiento de gasolina y diésel en trópico cochabambino, estableciendo periódicamente los volúmenes necesarios,  a fin de no afectar la producción agrícola y piscícola particularmente, además del consumo interno.

La Defensoría del Pueblo alertó que la salud y la vida de los policías y  militares encargados del control en el cumplimiento de la cuarentena, están en peligro y corren el riesgo de convertirse en transmisores del COVID-19 si el Estado no garantiza medidas especiales para identificar casos de coronavirus y evitar el contagio, como la realización de pruebas rápidas a miembros de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas y a sus familias.

La Defensoría del Pueblo vela por la seguridad de los trabajadores en salud de los establecimientos médicos de El Alto y solicita al Estado, mediante el Ministerio de Salud, otorgar garantías a su integridad personal ante los ataques que sufrieron por parte de vecinos de esa ciudad.

La Defensoría del Pueblo pidió al Comando General de la Policía Boliviana inicie una investigación,  sería e imparcial, y se someta a un proceso interno al efectivo de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), para establecer las sanciones que corresponden por incurrir en una agresión sexual contra una mujer al momento de arrestarla, el pasado viernes, en inmediaciones de la zona de Senkata en El Alto.

La Defensoría del Pueblo advierte que la salud y la vida del  personal médico y de toda la población del departamento del Beni, se encuentran en riesgo como resultado de las deficiencias que enfrentan los establecimientos de salud en cuanto a falta de medidas de bioseguridad, insuficiente personal en salud, falta de reactivos e insumos para realizar pruebas de COVID-19, y falta de acceso a información veraz y oportuna.

La Defensoría del Pueblo condena y rechaza enérgicamente, las agresiones y la discriminación de las que fue víctima un grupo de médicos y enfermeras por parte de vecinos enardecidos en el municipio de Rurrenabaque, quienes, la noche de este 28 de abril, tras anoticiarse que este personal de salud atendió a un paciente sospechoso de coronavirus, llegaron hasta el hotel donde se hospedaba para obligarlo a abandonar el lugar, sin considerar  que había cumplido entre 24 y 36 horas de servicio sin descanso.