Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo plantea fortalecer y ampliar los servicios de atención y protección a niñas, niños y adolescentes que posibiliten la denuncia, a través de mecanismos alternativos e innovativos como campañas informativas en redes sociales, centros de abasto, entidades financieras, centros de salud y farmacias, para prevenir el alarmante incremento de casos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes en este periodo de cuarentena por el COVID-19.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno encarar, a la brevedad posible, el proceso de retorno a la actividad educativa, con la participación plena y efectiva de docentes, padres y madres de familia, y estudiantes, que tome en cuenta la diversificación de estrategias y medios educativos a distancia y garantice la equidad digital para maestros y el alumnado

La Defensoría del Pueblo inició una investigación para establecer las condiciones de bioseguridad con las que cuenta y se desplazan la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, debido a que se conoció públicamente que integrantes de ambas instituciones dieron positivo al coronavirus COVID 19 y que otra cantidad permanece aísla bajo sospecha de contagio.

La Defensoría del Pueblo evidenció, en verificaciones  realizadas, que como resultado de las restricciones establecidas ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, se dificulta que algunas personas que viven con VIH o Sida, puedan acceder a los medicamentos antiretrovirales, por lo que, mediante una nota remitida al Ministerio de Salud, pidió que se realicen las acciones que corresponden para garantizar el suministro de la medicación que requiere esta población y asegurar que no se interrumpa su tratamiento.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Supremo de Justicia modificar la circular 06/2020 que autoriza a los jueces atender de forma excepcional las solicitudes “a la efectividad del proceso y el derecho a la libertad de las personas”, mediante herramientas telemáticas o en audiencias normales allí donde no exista acceso a internet, debido a que esta disposición acrecienta la indefensión de la población en situación de vulnerabilidad, como las víctimas de los delitos de feminicidio, infanticidio y violación a niños, niñas y adolescentes.

La Defensoría del Pueblo, este jueves, comenzó con la entrega de ayuda solidaria, víveres principalmente, a personas con VIH y trabajadores de circo en la Ciudad de Cochabamba, y a aproximadamente 300 familias del pueblo Yuqui que habitan en el Chapare y enfrentan carencias por la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 y no serán beneficiados con los bonos que el Gobierno decretó como un paliativo para este periodo.

En los últimos días se ha difundido información descontextualizada originada en una noticia titulada: “Defensora dice que en septiembre de 2019 Bolivia sabía que el Covid 19 llegaría”. Se aclara a la población que NO se realizó tal afirmación y que la nota de referencia tomó solo un fragmento de una entrevista concedida al programa Estudio Abierto de ATB. En dicho punto, se hace referencia a la pandemia en general y no a la del coronavirus COVID-19 en particular. 

La Defensoría del Pueblo intervino en el caso de dos turistas que denunciaron ser víctimas de violencia sexual en la localidad de Uyuni, y gestionó acciones de contención y protección para ambas; además de hacer seguimiento a las diligencias por parte del Ministerio Público en la investigación penal.

La Defensoría del Pueblo demandó a todos los niveles del Estado activar acciones de prevención y protección para las naciones y pueblos indígena orginarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento y no contactados, frente a los riesgos que conlleva la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.

La Defensoría del Pueblo demandó al Gobierno mejorar y ampliar el alcance del Bono Familia y el pago de la Canasta Familiar para beneficiar a grupos en situación de vulnerabilidad que no fueron considerados, como los estudiantes de centros de educación especial y de nivel secundario, personas con discapacidad  leve y moderada y jubilados con una renta reducida, en el marco del principio de no discriminación e igualdad.