Gestor de Notas de Prensa

El Juzgado de la Niñez y Adolescencia-Instrucción Penal Primero, de Caranavi, en suplencia legal del Juzgado de Palos Blancos, determinó enviar con detención preventiva al penal de San Pedro, a J.O.C.C. acusado de agredir físicamente a dos afrobolivianos, situación que fue denunciada por la Defensoría del Pueblo, el 1 diciembre, cuando conoció el caso.

La Defensoría del Pueblo observó y cuestionó el lento avance en el caso de Viviana, la joven que estuvo siete meses en coma tras una golpiza de su pareja, Rubén Callata, quien podría quedar en libertad al haber transcurrido los seis meses de detención preventiva que le dieron por tentativa de feminicidio, sin que la Fiscalía haya presentado una acusación formal en este tiempo ni haya determinado su culpabilidad.

La Defensoría del Pueblo y la Policía Boliviana Nacional realiza el Taller de Planificación y de Formación de Formadoras con la finalidad de diseñar actividades para consolidar la Unidad de Género de la institución del orden, y para desarrollar herramientas pedagógicas para la sensibilización en materia de género y derechos humanos dentro de la Policía.

La Defensoría del Pueblo viabilizó la firma de un acta de entendimiento entre el Ministerio de Salud y trabajadores del área contratados por la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), que posibilitó que se levante la huelga de hambre que mantenían desde hace diez días exigiendo asignación de ítems, cancelación de salarios pendientes y la recontratación en sus fuentes laborales.

La Defensoría del Pueblo ha conocido el caso de dos afrodescendientes de la comunidad Sapecho, de iniciales F.A. y J.C.M, quienes, el 26 de noviembre, fueron calumniados de haber robado dinero y agredidos físicamente por órdenes de sus empleadores. 

El Gobierno Municipal de Caranavi ratificó la transferencia, a título gratuito, del terreno de 1.190 metros cuadrados de superficie en favor de la Defensoría del Pueblo, propiedad donde serán construidas las nuevas oficinas defensoriales en esa región.

La Defensoría del Pueblo solicitó, formalmente, a la Fiscalía Departamental de La Paz y al Consejo de la Magistratura, establecer responsabilidades por la cesación de la detención preventiva de Sandro Z.C., acusado de violar a sus hijas y concederle detención domiciliaria sin considerar el riesgo de fuga.

Este 1 de diciembre, cuando se conmemora el Día Mundial de Lucha Contra el Sida, es una oportunidad para ratificar la importancia del cumplimiento de compromisos por parte del Estado Boliviano para la generación de políticas públicas cada vez más progresivas e integrales que permitan el fortalecimiento del sistema de salud, de forma que brinden prioritariamente mejores servicios a las personas que viven con VIH-Sida, garantizando el ejercicio de sus derechos para evitar su estigmatización y discriminación. 

La Defensoría del Pueblo propuso al Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación a llevar adelante una cumbre nacional para abordar el racismo y la discriminación persistentes en el país y cumplir las recomendaciones planteadas en su informe “Crisis de Estado: Violación de los Derechos Humanos en Bolivia, Octubre-Diciembre 2019” y en el informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Bolivia.

La Defensoría del Pueblo cuestionó la decisión del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz que resolvió levantar la detención preventiva para Sandro Z.C., acusado de violar a sus dos hijas A.Z.I. y P.Z.I., desde que ambas tenían 7 y 6 años de edad, respectivamente, y concederle detención domiciliaria.