Gestor de Notas de Prensa

Cochabamba, 27 de mayo de 2022.- La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, dijo que en el país no existen garantías estatales para el ejercicio de la identidad de género, porque las entidades públicas y privadas no han adecuado sus procedimientos internos para cumplir con la Ley N. 807 de Identidad de Género y porque, además, no existen políticas efectivas de lucha contra la discriminación.

La Defensoría del Pueblo condena las expresiones violentas y discriminadoras vertidas por la docente Rosario Chávez de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en contra de una estudiante de la carrera de Ciencias Políticas, y exige a las autoridades universitarias que procesen y sancionen esta conducta por las vías administrativa y penal.

La Defensoría del Pueblo advierte la persistencia de hechos de exclusión y afectación social contra las mujeres, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, indígena originario campesinos, migrantes, población LGBTIQ+, personas privadas de libertad, afrodescendientes, personas que viven con VIH, personas con dependencia química, y personas en situación de calle o indigencia.

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la decisión del Rector de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz de establecer como causal de proceso universitario “la difamación y calumnia realizada por cualquier medio ya sea escrito o digital en abuso de las tecnologías de información y comunicación a través de plataformas digitales, redes sociales o sistemas informático, disponiendo la contratación de un “perito informático” cuya función específica será “identificar a los posibles agresores a fin de iniciar las acciones disciplinaras o jurisdiccionales correspondientes”.

La Defensoría del Pueblo, a través de la investigación “Límites en la implementación del Sistema Único de Salud”, constató que a más de tres años de su puesta en marcha existen deficiencias que limitan que la población acceda plenamente a las prestaciones de salud que otorgan los hospitales públicos de tercer nivel.

La Defensoría del Pueblo cuestiona la inacción de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de Monteagudo, y el trabajo ineficiente del Juzgado Público, Civil, Comercial y Sentencia Penal N.° 2 de Monteagudo en el caso de una ex funcionaria de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Monteagudo, acusada de incumplimiento de deberes, que derivó en la anulación de la condena judicial en su contra. 

La Defensoría del Pueblo identificó que en el país no existen las condiciones materiales, técnicas ni económicas para proteger la salud humana y el medio ambiente sano de las emisiones antropogénicas de mercurio producidas, principalmente, por la actividad minera aurífera, cuya importación ha crecido de manera sostenida y exponencial, a pesar de ser un metal altamente tóxico, señaló la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

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La Defensoría del Pueblo detectó que el Estado incumplió su deber de garantizar el derecho a la salud de las trabajadoras sexuales, con relación a la detección y prevención de las ITS y VIH, durante la pandemia de la COVID-19, además que incurrió en una deficiente implementación del registro, entrega y control de las Libretas de Salud, que no adoptó protocolos de bioseguridad y que, incluso, permitió la violencia institucional, por parte de policías y guardias municipales, en contra de este grupo poblacional vulnerable, informó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

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La Defensoría del Pueblo evidenció que la omisión del control y fiscalización de las actividades mineras por parte de las autoridades del Estado, en sus diferentes niveles, ha sido determinante en la vulneración de derechos como en la generación del conflicto socio ambiental en el municipio de Mapiri del departamento de La Paz, donde se enfrentaron la Comunidad Indígena Leco Charopampa y la Cooperativa Minera Aurífera 15 de Mayo, informó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

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Este 22 de abril, cuando se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, la Defensoría del Pueblo advierte que el Estado boliviano no ha establecido las condiciones materiales, técnicas y económicas para proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones antropogénicas de mercurio, conforme a las obligaciones suscritas mediante Ley N° 759 de 18 de noviembre de 2015, a través de la cual se ratificó el Convenio de Minamata sobre el Mercurio.