Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo ha tomado conocimiento que el Gobierno Nacional estaría analizando aprobar un “Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2025” en el cual se contemplaría la reducción del presupuesto destinado a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.

La Defensoría del Pueblo, realiza el permanente seguimiento al desarrollo de diferentes situaciones de conflictividad en el país, en ese marco y durante la presente jornada, se conoció a través de medios de comunicación la movilización de transportistas federados de la ciudad de El Alto, como expresión de protesta ante la situación que atraviesa este gremio.

En el “Día Mundial de Respuesta al VIH”, que se conmemora cada 1 de diciembre, la Defensoría del Pueblo convoca a las autoridades nacionales, departamentales, municipales y a la sociedad en general a redoblar esfuerzos para encontrar soluciones a la pandemia del VIH garantizando así los derechos de las personas que viven con el VIH y las poblaciones claves.

La Defensoría del Pueblo en el marco del “Año Defensorial Contra la Violencia hacia las Mujeres” ha constatado con beneplácito que a nivel nacional los gobiernos subnacionales han ido implementado diferentes acciones en materia de prevención, atención y protección a mujeres en situación de violencia; sin embargo, tomó conocimiento del “Proyecto de Ley para la Abrogación de la Ley Municipal de Aprobación de la Política Municipal de Prevención de la Violencia en el municipio de Llallagua C.A.I.V. de Protección (Comité de análisis de información de la violencia)”, la cual se analizaría en sesión del Concejo Municipal el día viernes 29 de noviembre del año en curso.

En fecha 4 de noviembre del año en curso se hizo pública la Sentencia Constitucional Plurinacional 0770/2024-S4, que declara desierta la convocatoria para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando. Asimismo, la sentencia también declara desierta las elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija, que fue ratificado por un Auto Constitucional el 13 de noviembre.

La Defensoría del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) cuenta con atribuciones y competencias específicas para su actuación a nivel nacional en cumplimiento a los procedimientos establecidos en la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que Bolivia ratificó a través de la Ley N° 1939 de 10 de febrero de 1999, y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos, ratificada con la Ley Nº 3298, de 12 de diciembre de 2005.

A 19 días de bloqueos en el país, vemos con suma preocupación que no se han podido allanar caminos para encontrar una solución a la situación de conflictividad. 

A catorce días de iniciados los bloqueos de caminos por parte de sectores sociales que demandan respuestas al Gobierno, la Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación por la grave afectación a los derechos humanos de terceras personas ajenas al conflicto. Así como, reprochamos la gestión gubernamental ante la situación de conflictividad, toda vez que las medidas de protesta son la expresión de demandas ciudadanas no resueltas oportunamente.

La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus atribuciones constitucionales y convenios internacionales como el Acuerdo de Escazú, hace seguimiento al conflicto por la ejecución del proyecto Domo Oso X3 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y PETROBAS Bolivia S.A. en la Comunidad de Chiquiacá de la Provincia O’ Connor (Tarija). Es así, que en defensa del medio ambiente, desde mayo, un grupo de personas identificadas como miembros del Comité de Gestión y Defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, mantienen vigilia en rechazó del ingreso de funcionarios al área. 

Los recientes casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa a nivel nacional, los cuales lastimosamente resaltan, por la extrema violencia ejercida por los agresores, dejando como resultado el fallecimiento de jóvenes mujeres quienes en algunos casos dejaron niñas y niños en orfandad, han puesto en evidencia la insuficiencia del Estado en la prevención, atención y sanción de estos crímenes.