Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo recuerda al Estado, en todos sus niveles de gobierno que, una de sus principales obligaciones es “Desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas de prevención, alerta temprana, protección, precaución, para evitar que las actividades humanas conduzcan a la extinción de poblaciones de seres, la alteración de los ciclos y procesos que garantizan la vida o la destrucción de sistemas de vida, que incluyen los sistemas culturales que son parte de la Madre Tierra”, como lo señala, el numeral 1, del artículo 8  de la Ley 071.

El Decreto Supremo N° 27837 declaró el día 15 de octubre de cada año, como el “Día Nacional de las Personas con Discapacidad”. En la ocasión, es necesario reflexionar sobre la situación de las personas con discapacidad, quienes continúan enfrentando barreras físicas, comunicacionales, actitudinales y jurídicas que impiden su desarrollo integral e inclusión plena y efectiva en nuestra sociedad.

La Defensoría del Pueblo ha tomado conocimiento de la denuncia interpuesta por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con el apersonamiento de PETROBAS Bolivia S.A., en contra de un grupo de personas identificadas como miembros del Comité de Gestión y Defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquia del departamento de Tarija, por los supuestos delitos de Atentados contra la Libertad del Trabajo e Impedir o Estorbar el Ejercicio de sus Funciones, establecidos en los artículos 161 y 303 del Código Penal boliviano, cuyo registro atiende al CUD: 606102052400. 

Ante las convocatorias a medidas de presión por diversos sectores sociales, como Institución Nacional de Derechos Humanos, reiteramos que el derecho a la protesta como ejercicio de la libertad de expresión consagrado en la Constitución Política del Estado (Art. 21) y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos (Arts. 13, 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Art. 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y Art. 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros), es fundamental en una democracia; sin embargo, este derecho debe ejercerse de manera pacífica y respetuosa de los derechos de terceros. El Estado tiene la obligación de garantizar este derecho, al tiempo de proteger la integridad de todas y todos los ciudadanos.

Este 11 de octubre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Niña, la Defensoría del Pueblo remarca la importancia de esta fecha para crear conciencia sobre la situación de las niñas en Bolivia, manifestando los desafíos únicos a los que se enfrenta esta población en situación de vulnerabilidad, así como la promoción de su empoderamiento y el cumplimiento efectivo de sus derechos.

Hoy, 11 de octubre, celebramos con orgullo y admiración el Día de la Mujer Boliviana, una fecha que nos invita a reflexionar sobre el invaluable aporte de las mujeres en nuestra sociedad. Este día fue establecido en homenaje al nacimiento de Adela Zamudio, una destacada poetisa y maestra boliviana, quien con su valentía y dedicación luchó incansablemente por los derechos de las mujeres y la igualdad de género, siendo una ferviente defensora de la educación laica, la emancipación social y cultural de las mujeres.

El artículo 60 de la Constitución Política del Estado (CPE) consagra el carácter prioritario de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), obligando al Estado a garantizar su protección integral, su acceso a servicios especializados y a una justicia pronta y oportuna. Sin embargo, la vulneración de sus derechos es preocupante sobre todo en referencia a la vulneración de su integridad personal mediante la comisión de delitos de agresión sexual.

Ante los últimos acontecimientos que se desarrollan en Bolivia, es importante que todos los actores involucrados depongan actitudes hostiles para evitar la escalada de conflictividad en el país y reducir cualquier posibilidad de enfrentamientos entre bolivianas y bolivianos. Es fundamental actuar preservando los derechos humanos, principalmente de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

La libertad de expresión es un derecho fundamental, reconocido tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales suscritos por Bolivia. En ese marco, la Defensoría del Pueblo condena enérgicamente los actos de violencia perpetrados por grupos movilizados contra tres periodistas de Cadena A (Oruro), SEO TV y Wara Tv mientras realizaban la cobertura informativa del recorrido de marchistas a la ciudad de La Paz y durante los enfrentamientos suscitados la tarde del pasado martes 17 de septiembre del año en curso. Asimismo, de tres trabajadores de la prensa de Bolivia Tv durante la presente jornada que relatan haber sufrido la obstaculización de su trabajo de prensa, así como agresiones físicas y psicológicas. 

El informe "Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia" presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de la presente gestión, refiere en su acápite Deterioro del debate público, liderazgos públicos y su impacto en la conflictividad social, que discursos de personas con liderazgo social, funcionarios públicos y con liderazgos políticos, contribuyeron a generar un entorno general adverso a la participación ciudadana y al ambiente de diálogo, respecto a diferentes escenarios de conflictividad y situación de los derechos humanos en el país desde 2006.