Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo resalta la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP 0097/2024 de 30 de diciembre de 2024, notificada y difundida en la presente gestión por el Tribunal Constitucional Plurinacional que resolvió el conflicto de competencias promovido por el Presidente y Vicepresidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional contra el Presidente del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni respecto a los arts. Primero, Segundo, Tercero y Sexto de la Ley Municipal Autonómica N° 097/2021, que declara al municipio Alto Beni como municipio ecológico libre de contaminación minera en su jurisdicción territorial.

La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional de velar por la vigencia y respeto de los derechos humanos de todas las personas, manifiesta su preocupación por las reiteradas situaciones de conflicto generadas en distintos centros penitenciarios del país debido al incumplimiento en el pago de prediarios destinados a la provisión de alimentación para las Personas Privadas de Libertad (PPL).

Ante las denuncias presentadas en agosto de 2024 sobre presunta contaminación en áreas productivas y pozos de agua en algunas comunidades del municipio de Viacha, la Defensoría del Pueblo intervino como articulador para la conformación del Comité Interinstitucional de Seguimiento y Protección de Recursos Hídricos, instancia que reúne a autoridades de los niveles nacional, departamental y municipal, y que se constituye como espacio de coordinación para atender esta problemática ambiental en Seque Jahuira, Contorno Bajo y Mamani.

Trinidad, septiembre 2 (UCOM/DPB). – La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental del Beni, lleva adelante gestiones para interceder en el conflicto por el adeudo de prediarios a las Personas Privadas de Libertad (PPL) del Centro de Rehabilitación de Varones Mocoví, en la ciudad de Trinidad.

La Paz, 1 de septiembre (UCOM/DPB). – En cumplimiento de lo anunciado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, las distintas delegaciones departamentales de la Defensoría del Pueblo iniciaron tareas de seguimiento al Instructivo N° 19/2025 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que dispone la organización de jornadas de verificación de los plazos procesales vinculados a medidas cautelares de detención preventiva en todo el país.

La Paz, 29 de agosto (UCOM/DPB). – El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó el “Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad”, que revela que hasta 2024 un total de 9.520 jóvenes (entre 18 y 28 años) se encontraban recluidos en el país, de los cuales más del 75% permanecen en detención preventiva, siendo esta población la más afectada por dicha medida.

Ante las recientes declaraciones del ciudadano Julio César Apaza Tintaya, la Defensoría del Pueblo comunica que, desde su aprehensión en septiembre de 2022, realizó un seguimiento permanente a su situación jurídica, médica y psicológica, desplegando diversas acciones destinadas a garantizar el respeto y protección de sus derechos fundamentales.

En el marco de sus atribuciones constitucionales de velar y promover la vigencia de los derechos humanos de la población boliviana, la Defensoría del Pueblo realiza un seguimiento permanente a la situación de las víctimas de los hechos ocurridos entre octubre y noviembre de 2019. En este contexto, familiares y víctimas de Senkata hicieron conocer su profunda preocupación por las recientes determinaciones judiciales adoptadas en los procesos penales vinculados a estos hechos.

La Paz, agosto 22 (UCOM/DPB).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, recordó que, al primer semestre del 2025, más del 50% de la población total carcelaria en Bolivia son detenidos preventivos, cuyos procesos aguardan una revisión en los plazos legales de tramitación. 

La Paz, agosto 20 (UCOM/DPB).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que, en respuesta a la medida cautelar interpuesta por la institución defensorial, el Tribunal Agroambiental de La Paz, determinó la suspensión momentánea del tratamiento de los Proyectos de Ley 197/2024-2025 y 170/2024-2025, relacionados con la explotación del litio. La decisión judicial estará vigente hasta que las autoridades administrativas cumplan con requisitos vinculados a la protección de los recursos hídricos, el medio ambiente y la consulta previa, libre e informada a los territorios indígena originarios de Nor Lípez y del Sudoeste de Potosí.