Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo, en ejercicio de su mandato constitucional de defensa de los derechos humanos y de resguardo de la democracia como pilar fundamental del Estado de Derecho, expresa su profunda preocupación por la alerta emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la ciudadanía respecto a que se estaría intentando afectar la realización de la segunda vuelta electoral mediante la interposición de denuncias sin fundamento ante el Ministerio Público, con el objetivo de desconocer los resultados de las Elecciones Generales del 17 de agosto. 

La Defensoría de Pueblo rechaza las expresiones vertidas en un foro transmitido en una red social por un diputado electo, refiriéndose con comentarios altamente racistas y discriminatorios hacia las personas que tienen una práctica cultural (acullico) que, lejos de limitarse a las regiones del altiplano, forma parte del patrimonio ritual y cultural relacionado al trabajo y reconocido constitucionalmente.

La Defensoría del Pueblo rechaza la decisión asumida por la Fiscal de Materia de El Alto, Shirley Elisa Nava Coba, al determinar que no existen elementos materiales ni testimoniales suficientes para imputar formalmente a los sindicados del sindicato de radiotaxi “Taxi Sur”, quienes habrían protagonizado agresiones físicas, verbales y racistas contra mujeres transportistas de la Central de Mujeres Productivas y Emprendedoras (CE.MU.P.E.) durante el acto de inauguración de la línea de transporte “Lila”, el pasado 3 de octubre en la zona Ciudad Satélite de El Alto.

La Defensoría del Pueblo celebra la aprobación en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley Nº 181/2024-2025, “Ley de Reparación Integral para Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos cometidos en rupturas del orden constitucional”. Este avance es fundamental para garantizar justicia y reparación a las víctimas de la crisis post-electoral de 2019; quienes a más de cinco años de los hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019 se encuentran a la espera de la aprobación de esta norma.

Este 1 de octubre conmemoramos el Día Internacional de las Personas de Edad, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover el respeto, la dignidad y los derechos de quienes han aportado experiencia, sabiduría y memoria a nuestra sociedad.

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por las expresiones con contenido racializado, estigmatizante o discriminatorio en razón de identidad étnica y discapacidad, que se han difundido recientemente en redes sociales y discursos públicos. Estas manifestaciones vulneran la dignidad humana y, en el actual contexto electoral, generan un ambiente de polarización que alienta divisiones y discursos de odio innecesarios.

La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento, a través de denuncias difundidas en redes sociales y otros medios, sobre hechos de presunto hostigamiento y amenazas que afectarían la integridad física, la dignidad y la vida de pobladores de las comunidades de Seque Jahuira, Mamani y Contorno Bajo del municipio de Viacha, en el marco de la problemática de contaminación ambiental en la zona.

En el marco del “Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas”, declarado mediante la Ley N.º 389, la Defensoría del Pueblo convoca a redoblar esfuerzos para combatir de manera eficaz la trata de personas, que afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La Defensoría del Pueblo, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Pueblo y la Cultura Afroboliviana —que se celebra cada 23 de septiembre en cumplimiento de la Ley Nº 200 de 2011— insta al Estado a redoblar esfuerzos para implementar políticas públicas orientadas a erradicar todas las formas de discriminación y las barreras estructurales que limitan el ejercicio pleno de los derechos de la población afroboliviana.

Ante los hechos ocurridos recientemente en el Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz (17 de septiembre de 2025), en el Centro de Rehabilitación de Varones Mocoví (2 de septiembre de 2025), así como en al menos otros cuatro recintos penitenciarios del país, la Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación por los conflictos generados debido al impago de prediarios a las personas privadas de libertad durante los últimos cinco meses.