Gestor de Notas de Prensa

La crisis económica y política que atraviesa el país, marcada por la escasez de gasolina, diésel y dólares ha repercutido de manera negativa en la economía de las y los bolivianos durante los últimos meses, generando malestar en diferentes sectores sociales, productivos, agrícolas, empresariales, así como de la población boliviana en general.

A través de medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo, tomó conocimiento del caso del adolescente de 16 años identificado como C.C.D.D, que fue sentenciado a seis (6) años de prisión en aplicación del Código Niño, Niña Adolescente (CNNA), por los delitos de violación y asesinato de su hijastra.

La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación ante los recientes accidentes de tránsito ocurridos en Potosí (Bolivia) que han cobrado vidas y dejado a muchas personas heridas. La seguridad vial es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar mediante la adopción de medidas efectivas para proteger la integridad, la salud y el derecho a la vida de todas las personas.

La Constitución Política del Estado (CPE), a través de su artículo 38.II, consagra el derecho a la prestación ininterrumpida de los servicios de salud. En este contexto, la Defensoría del Pueblo manifiesta su grave preocupación ante las reiteradas medidas de protesta (paros laborales) llevadas a cabo por los trabajadores del sector salud en el departamento de Santa Cruz, las cuales han ocurrido en siete ocasiones entre enero y febrero del presente año. Dichas acciones, motivadas principalmente por el incumplimiento en el pago de salarios, afectan el derecho de acceso a la salud de la población cruceña.

La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de la vulneración de derechos humanos y dignidad de ocho soldados del Regimiento de Infantería 29 "Capitán Echeverría", ubicada en la comunidad de Casarabe del departamento de Beni. Padres de los soldados agredidos física y psicológicamente interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público para dar con los responsables de las vejaciones a sus hijos, hechos que además estarían ligados a cobros económicos irregulares.

La Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Derechos Humanos, tiene el mandato de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución Política del Estado (CPE), las leyes y los instrumentos internacionales, así como promover la cultura del diálogo y de respeto a los derechos humanos en situación de conflictos sociales.

La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional de velar por la vigencia, defensa y promoción de los derechos humanos, junto con el Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación, expresa su preocupación por el aumento de prácticas y discursos racistas y discriminatorios en distintos ámbitos de la sociedad. Si bien el Estado, ha emprendido diversas acciones para abordar esta problemática, la persistencia de estas manifestaciones evidencia la existencia de una sociedad aún racializada, donde persisten actitudes y discursos que vulneran la dignidad y los derechos fundamentales de las personas y poblaciones afectadas.

La Defensoría del Pueblo ha tomado conocimiento de ocho muertes violentas al interior de recintos penitenciarios en lo que va de la gestión 2025. Esta cifra llama profundamente la atención ya que durante toda la gestión 2024 ocurrieron nueve muertes violentas, y en los primeros 34 días del 2025 ya se tiene ocho muertes violentas lo que representa un incremento alarmante en las cifras, con el agravante cualitativo de una muerte por arma de fuego que marca un hito negativo en temas de seguridad al interior de las cárceles que puede generar mayor violencia si no se toman medidas contundentes y oportunas. 

El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante, teniendo en cuenta el gran y creciente número de migrantes en el mundo.

El proceso de preselección y elección de autoridades del Órgano Judicial: Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); Tribunal Agroambiental (TA); Consejo de la Magistratura (CM) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), está consagrado en la Constitución Política del Estado (CPE) en sus Artículos 182, 183, 188, 194 y 200 que establecen el procedimiento mediante sufragio universal de candidatas y candidatos preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP); y, su mandato es por seis años no pudiendo ser reelegidos.