Gestor de Notas de Prensa

 La Defensoría del Pueblo demandó al Estado boliviano a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 23 de abril pasado urgió a los Estados a brindar una protección reforzada a las personas adultas mayores ante la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19; y solicitó la aplicación de medidas especiales para este grupo vulnerable de la sociedad a fin de evitar que sean expuestos a posibles contagios.

La Defensoría del Pueblo, este jueves, comenzó con la entrega de ayuda solidaria, víveres principalmente, a personas con VIH y trabajadores de circo en la Ciudad de Cochabamba, y a aproximadamente 300 familias del pueblo Yuqui que habitan en el Chapare y enfrentan carencias por la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 y no serán beneficiados con los bonos que el Gobierno decretó como un paliativo para este periodo.

La Defensoría del Pueblo evidenció desorden, confusión y el riesgo de contagio del COVID-19 para las personas adultas mayores, en el primer día de pago de la Canasta Familiar de 400 bolivianos, ante la falta de información precisa, largas filas en entidades financieras, exigencia de otros requisitos a los establecidos, entre otros; por lo que pidió al Gobierno medidas correctivas para garantizar la protección e información precisa y oportuna para esta población.

La Defensoría del Pueblo, a través de un pronunciamiento público, pidió que el pago de la Renta Dignidad y de las jubilaciones se realice a domicilio o en cuentas bancarias para proteger a las personas adultas mayores ante la emergencia provocada por el coronavirus COVID-19. Asimismo, demandó asistencia para personas adultas mayores de 65 años o más de edad, personas adultas mayores en situación de calle y en centros de acogida.

La Defensoría del Pueblo exhorta al Gobierno Nacional a adoptar medidas específicas de protección y prevención en favor de los grupos vulnerables de la sociedad, como personas en situación de calle, adultos mayores y niños y adolescentes concentrados en centros de acogida, pacientes con cáncer y enfermedades crónicas  y personas privadas de libertad, debido a que precisan una especial y urgente atención ante la emergencia derivada por la propagación del coronavirus COVID-19.

Ante la necesidad de contar con datos, estadísticas e información actualizada sobre derechos humanos de personas adultas mayores en el trabajo con y para esta población, la Defensoría del Pueblo reactivó el Observatorio de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores (ODEPAM), el cual podrá estar a disposición de manera pública en la página web de la institución a través del enlace https://www.defensoria.gob.bo/contenido/odepam.

La Defensoría del Pueblo elaboró la Guía Terminológica Inclusiva con Enfoque de Derechos Humanos para promocionar el uso adecuado del léxico que hace referencia a poblaciones en situación de vulnerabilidad. El documento fue presentado por la Delegación Defensorial de Chuquisaca, en la víspera, a organizaciones de estas poblaciones en ese departamento, para validar su contenido.

La intervención de la Defensoría del Pueblo, en calidad de tercer interesado en una acción de amparo constitucional presentado contra la Caja Petrolera de Salud, posibilitó que la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de La Paz ordene al ente asegurador la reafiliación de una persona adulta mayor enferma de cáncer, a quien se le suspendió su tratamiento, al no permitirle renovar su seguro voluntario de salud.