Gestor de Notas de Prensa

La Paz, agosto 20 (UCOM/DPB).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que, en respuesta a la medida cautelar interpuesta por la institución defensorial, el Tribunal Agroambiental de La Paz, determinó la suspensión momentánea del tratamiento de los Proyectos de Ley 197/2024-2025 y 170/2024-2025, relacionados con la explotación del litio. La decisión judicial estará vigente hasta que las autoridades administrativas cumplan con requisitos vinculados a la protección de los recursos hídricos, el medio ambiente y la consulta previa, libre e informada a los territorios indígena originarios de Nor Lípez y del Sudoeste de Potosí. 

La Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional de defensa de los derechos humanos y de la Madre Tierra, observa con profunda preocupación el avance de los incendios forestales que afectan áreas protegidas de carácter nacional, entre ellas la Reserva Biológica de Sama, donde 8.300 hectáreas resultaron afectadas y cuyo incendio ya fue sofocado; el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, con 14.566 hectáreas dañadas y focos de fuego aún activos; y el Parque Nacional Carrasco, que continúa en riesgo sin un reporte oficial actualizado sobre la extensión del área afectada.

La Defensoría del Pueblo, en estricto cumplimiento de su mandato constitucional de defensa de los derechos humanos, incluidos los derechos colectivos y de la Madre Tierra, y reconociendo que el agua es un componente esencial para garantizar la vida humana y el equilibrio de los ecosistemas, expresa su profunda preocupación por la reciente aprobación, en grande y detalle del contrato de explotación del litio suscrito con una empresa rusa, por parte de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados.

La Defensoría del Pueblo recuerda que las Fuerzas Armadas, como institución del Estado Plurinacional de Bolivia, tienen el deber legal y constitucional ineludible de proteger la fauna silvestre y la Madre Tierra. Esta responsabilidad, que va más allá de sus funciones tradicionales de defensa de la soberanía, se fundamenta en un marco jurídico que reconoce a los animales como sujetos de derecho y a la naturaleza como un ente con derechos propios.

Viacha 1 de agosto (UCOM - DPB).- La Defensoría del Pueblo acompañó al Comité Interinstitucional de Viacha en la décima inspección a empresas mineras que operan en ese municipio, en respuesta a denuncias por presunta contaminación del agua con cianuro. 

En el marco de las acciones de seguimiento que realiza la Defensoría del Pueblo, se ha recibido información sobre dos incendios forestales de gran magnitud que afectan al Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu, en el departamento de Santa Cruz, y a la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama, en el departamento de Tarija.

En la reunión ordinaria del Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (CONARADE), realizada el viernes 25 de julio de 2025, la Defensoría del Pueblo —ante el Ministerio de Defensa y demás instituciones presentes— alertó sobre la insuficiente articulación interinstitucional para enfrentar los incendios forestales y presentó propuestas urgentes, en el marco de la Resolución Constitucional 233/2024 (referida a la Acción Popular por Incendios Forestales y 24 años de degradación ambiental).

La Paz, 30 de julio (UCOM - DPB).- La Defensoría del Pueblo acompañó la novena inspección del Comité Interinstitucional de Viacha a las actividades de las empresas mineras: Jofrel, Dinámico y Cruz del Sur, a quienes exhortaron cumplir estrictamente la normativa ambiental vigente.

La Paz, julio 29 (UCOM/DPB).- La Defensoría del Pueblo, en cumplimento a su mandato constitucional de velar por los derechos humanos y colectivos y de la Madre Tierra, presentó, ante el Juzgado Agroambiental del Distrito de La Paz, una solicitud de medidas cautelares ambientales precautelando el derecho a un medioambiente sano y el derecho al agua de la población boliviana.

La Defensoría del Pueblo, en la vía precautoria, presentó en fecha 18 de julio de 2025 una solicitud de medidas cautelares ambientales, ante el Juzgado Agroambiental del Distrito de La Paz, relacionados al tratamiento de los proyectos de ley que autorizan la explotación de litio.