Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo, condena el uso abusivo de la fuerza por parte de efectivos policiales para reprimir la protesta realizada por personas con discapacidad visual, quienes se encontraban en inmediaciones de la Plaza Murillo reclamando atención a su demanda del pago de un bono.

La Defensoría del Pueblo condena de manera enérgica y categórica el uso abusivo de la fuerza policial para reprimir a trabajadores de Abya Yala TV, cuando realizaban una protesta en plaza Murillo por la falta de pago del Estado por servicios prestados en la gestión 2019. Condena, asimismo, que los trabajadores de la prensa que cubrían la movilización hayan sido desalojados con el uso de agentes químicos que fueron aplicados directamente a la cara de los periodistas, además de recibir empujones y golpes por parte de los efectivos policiales.

La Defensoría del Pueblo condena los actos de violencia y agresiones protagonizados al inicio de la campaña electoral por simpatizantes y militantes de algunas tiendas políticas que ahondan aún más la polarización política que se vive en el país ante las elecciones generales del 18 de octubre.

La Defensoría del Pueblo condenó la detención ilegal y arbitraria de los defensores de derechos humanos, David Inca y María Cristina Quispe Vda. Mamani, arrestados hoy por efectivos policiales de la UTOP (Unidad Táctica de Operaciones Policiales) en inmediaciones de la Plaza Murillo. 

Un video documental, producido por la Defensoría del Pueblo, muestra los hechos de violencia que se registraron entre octubre y noviembre del año pasado tras las elecciones generales de 2019, en los que 37 personas perdieron la vida.

Un informe defensorial sobre los hechos registrados después de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, concluye que el Gobierno transitorio cometió delitos de lesa humanidad durante el conflicto poselectoral al haber incurrido en “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil, bajo conocimiento, órdenes e instrucciones” dictadas bajo la actual administración gubernamental, y en actos de tortura por parte de la Policía Boliviana.

Descarga el informe completo aquí

Con mediación de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, tras casi 10 horas de discusión, la representación de las madres y padres de familia de las juntas escolares de los Distritos 3, 4 y 14 de El Alto y el Gobierno Municipal de esa ciudad, firmaron un acta que establece la entrega de alimentos con recursos del desayuno escolar para los estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio.

La Defensoría del Pueblo, tras varias horas de gestiones con padres y madres de familia del Distrito 14 de El Alto, que exigen el pago de 530 bolivianos de la Canasta Estudiantil Municipal, posibilitó que se libere a las 20 personas que se encontraban retenidas en la Subalcaldía de esa zona y se acuerde la instalación de una mesa de diálogo este sábado a las 7:30 de la mañana en instalaciones del Subalcaldía del Distrito 5.

La Defensoría del Pueblo, frente al continuo asedio y agresión de grupos violentos organizados que enfrenta desde hace días, exige al Gobierno a garantizar la seguridad e integridad física de la población que acude a esta institución en busca de servicios y defensa de sus derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo solicitó formalmente a la Contraloría General y a la Fiscalía General a iniciar la supervisión e investigación, respectivamente, sobre la adquisición de 324 respiradores de procedencia china, realizada por el Ministerio de Salud en mayo de este año, presumiblemente, con un sobreprecio de seis millones de dólares.